Las cuatro grandes compañías auditoras se han unido contra un objetivo común que amenaza con golpear sus hojas de balance y reestructurar el esqueleto operativo del sector. Tras el golpe que supuso para su reputación la desconfianza sobre su capacidad para detectar la bomba de relojería gestada en el sistema financiero, ahora el ataque va dirigido al flanco que más duele, puesto que los reguladores aspiran a disparar la cuantía de las multas por los fallos cometidos y establecerlas, ahí está la clave, en función de los ingresos.
Es decir, un disparo a la línea de flotación de PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young, Deloitte y KPMG, que han reaccionado con un frente común contra una decisión que, a su juicio, es "fundamentalmente equivocada".
El primero en abrir fuego fue el Consejo de Información Financiera del Reino Unido, que ve que las denominadas Big Four no han sido penalizadas adecuadamente por sus errores, especialmente ante las consecuencias que éstos desencadenan.
Sanción estimulante
Como responsable de investigarlas, el organismo está convencido de que la espada de Damocles de una sanción económica sustancial estimulará las buenas prácticas y, sobre todo, desincentivará la manipulación y el peor delito de la profesión: la complicidad en el fraude.
De momento, la propuesta está en fase de consulta, pero los afectados, que podrían verse obligados a pagar decenas de millones por cada fallo, han contraatacado con una campaña de presión para convencer no sólo de la "irracionalidad" del planteamiento en sí, sino de la amenaza de éste de dañar desde las bases al oficio de las auditoras. El regulador, no obstante, cuenta con munición para amparar sus aspiraciones.
El pasado enero, una sanción disciplinaria contra PwC obligó a la compañía a asumir 1,4 millones de libras (1,26 millones de euros) por haber sido incapaz de detectar que JP Morgan no había podido proteger adecuadamente los depósitos de sus clientes.
Propuesta arriesgada
La partida marcaba un récord y, a pesar de resultar inferior a las aspiraciones sancionadoras del regulador, fue suficiente para aumentar las ansias penalizadoras, que dieron un paso más en abril con la publicación de un papel de consulta que recogía la necesidad de mayores multas para reconstituir la confianza en las auditoras.
De ahí una propuesta ambiciosa, pero arriesgada. El estatus de sociedad que rige en la mayoría de las consultoras significa que el dinero de potenciales multas procedería del bolsillo de los socios, lo que amenaza con desincentivar el interés de las generaciones más jóvenes de sumarse, o de las compañías de explorar nuevas áreas de actuación.
Además, dado que las penas irían vinculadas al tamaño de las empresas, en lugar de a la naturaleza del error, podría darse la contradicción de que el modelo no desincentivaría virtuales malas prácticas. En otras palabras, una firma pequeña podría incurrir en una conducta reprobatoria sabiendo que la pena sería proporcional a su tamaño.
Hacia organismo de supervisión para las auditoras
