Managua, 13 mar (EFECOM).- La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó hoy en lo general un proyecto de Ley Especial para el Uso Responsable del Servicio Básico de Energía, que establece sanciones administrativas para los que roben más de 500 kilovatios de energía al mes y penas de cárcel para los que roben más de mil.
El proyecto, una iniciativa enviada al Parlamento por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, el 28 de noviembre pasado y conocida como "Ley antifraude", fue aprobado por 75 votos a favor, ninguno en contra y 7 abstenciones.
El diputado liberal Wilfredo Navarro durante el debate señaló que esta ley debe de ser de doble vía, en el sentido de beneficiar a la empresa española Unión Fenosa, distribuidora de la energía eléctrica en Nicaragua desde el año 2001, y también de marcarle obligaciones.
Entre estas, señaló la necesidad de que la empresa invierta en planes para mejorar las redes de distribución y reducir considerablemente las pérdidas de energía que se producen, porque las redes se encuentran en mal estado.
El legislador afirmó que las pérdidas técnicas y por robos de energía se le cargan a los consumidores, que tienen que pagarlas, lo que consideró injusto.
Navarro dijo que tiene en su poder centenares de reclamaciones de usuarios por daños en electrodomésticos por mal servicio, que han sido resueltos a su favor por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), regulador del sector, pero que Unión Fenosa no paga, porque presenta recursos de amparo.
Agregó que la ley debe de castigar el robo de energía pero también incluir obligaciones a Unión Fenosa para que no cobre por energía que los usuarios no reciben, "porque esto también es un robo".
El grupo parlamentario Movimiento Renovador Sandinista (MRS) rechazó la iniciativa de Ley Especial para el Uso Responsable del Servicio Público Básico de Energía, por considerar que atenta contra los intereses de las personas de escasos recursos y protege a las grandes distribuidoras de energía eléctrica.
El diputado independiente Mario Valle dijo que hay que proteger las inversiones, vengan de donde vengan, pero que también hay que defender los derechos de los consumidores, y que esto debe quedar claro en la legislación, que continuará siendo debatida artículo por artículo a partir del 27 de marzo.
Valle dijo que los medidores de consumo de energía están bajo control de Unión Fenosa, fuera de los domicilios de los consumidores, pero al mismo tiempo la empresa responsabiliza a los usuarios por lo que suceda con estos equipos técnicos.
Las fuentes legislativas también indicaron que de la aprobación de esta ley dependen desembolsos que tienen que hacer a Nicaragua el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) por 16 y 10 millones de dólares, respectivamente. EFECOM
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