El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sigue estrechando el cerco a las empresas españolas en el país. Después de la expropiación de YPF, el Ministerio de Planificación, que controla Julio de Vido, ha nombrado un interventor en la filial de Endesa y Petrobras, Edesur, con la intención aseguran de salvaguardar la normal prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica.
Fuentes de Endesa indicaron a elEconomista que no se trata de una intervención y que el veedor -como llaman a este figura en Argentina- no tendrá poderes. Se trata de un paso previo a la concesión de un crédito que resolverá la complicada situación financiera que atraviesan las distribuidoras de electricidad en el país.
El veedor Luis Barletta, no obstante, tendrá amplias facultades para ejercer su cago y podrá asignar los recursos humanos necesarios, después de que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) informara al regulador Erse sobre los impagos de Edesur. Las distribuidoras deben pagar a Cammesa todo lo que recaudan en las facturas de los usuarios por el precio mayorista de la energía y por el transporte de alta tensión.
Problemas de financiación
Edesur pidió a Cammesa un crédito de 214 millones a devolver en doce mensualidades a partir de 2013 para poder seguir haciendo frente a la venta a pérdidas a la que les obliga el Gobierno argentino. La decisión sobre este crédito se debatirá en una reunión que se celebrará el próximo día 18, pero la empresa aceptó que se realizasen pagos a cuenta.
Sobre una factura de electricidad de 150 millones, la empresa pidió a Cammesa 60 millones por tres meses, más los 34 millones equivalentes a la deuda que la ciudad de Buenos Aires tiene acumulada desde enero con la distribuidora, pero esta compañía no aceptó que se descontase la deuda de la capital argentina a Edesur. El choque entre el opositor Mauricio Macri y Kirchner también parece notarse en este asunto.
La resolución del ministerio explica que "esa falta de pago por parte de la distribuidora, así como la falta de voluntad en percibir el cobro de las acreencias a su favor por servicios que presta a sus usuarios, demuestra que la empresa no sólo incumple con sus deudas comerciales, sino que contraviene con las responsabilidades asumidas en el contrato de concesión y en el marco regulatorio que le es aplicable, poniendo en grave riesgo la prestación del servicio público".
El pasado mes de abril, coincidiendo con la intervención de YPF, las miradas se pusieron en otras compañías como Edesur, Gas Natural o Telefónica, con importante presencia en la zona, lo que llevó incluso a Mario Monti a mostrar su queja al Gobierno de Cristina Fernández.
Desde Enel ya se había alertado de la difícil situación que mantenía la compañía por culpa de la congelación de tarifas que mantenía el Gobierno argentino desde la época del corralito. Argentina sólo permitió subir las tarifas un 15% desde 2002, pese a los incrementos de los costes de mantenimiento y de los sueldos. Según Ámbito financiero, Cammesa está a cargo de dos allegados del viceministro de Economía, Axel Kicillof, uno de los padres de la intervención de YPF: el gerente general, Juan Manuel Abud y Paula Español, a cargo de la administración y finanzas.
El Banco Nación podría estar dispuesto a hacer un préstamo a Cammesa a un tipo de interés preferencial para financiar a cinco distribuidoras, entre ellas Edesur y Edenor, lo que serviría para tranquilizar la situación hasta encontrar una solución definitiva.
Radiografía del grupo
El grupo tiene un gran conglomerado en el país que aporta alrededor del 4,7% del beneficio bruto de explotación y abastece a 6,2 millones de habitantes. La empresa cuenta con una plantilla total de 3.264 empleados y tiene instalaciones de generación como Central Dock Sud y las térmicas de Costanera y El Chocón.
No obstante, Edesur está muy penalizado por los impuestos y su beneficio se contrajo un 42,9% hasta situarse en los 36 millones como consecuencia de la dotación de la provisión por cuentas a cobrar en Argentina. El grupo sufrió además el año pasado cuando el Gobierno argentino le impuso una multa de 50 millones de pesos (9,5 millones de euros) por los cortes de suministro en el país y que llegó acompañada de una amenaza que ahora parece más cercana de Julio de Vido de rescindir el contrato de la compañía en el país.
Ahora que la presidenta Kirchner vuelve a dedicarse a lanzar insidias sobre el ministro de Economía español, Luis de Guindos, al que se refirió la pasada semana como "el pelao" o después de haber dejado al ministro de Industria, José Manuel Soria, a los pies de los caballos, cuando aseguró que la situación con su Gobierno se estaba reconduciendo, horas antes de la intervención, se da un paso más adelante en el conflicto, coincidiendo con la fecha de la junta de YPF en la que Repsol volverá a reivindicar su derecho a cobrar un justiprecio por las acciones de YPF.
Endesa ganó 621 millones hasta marzo
