Empresas y finanzas

Anticorrupción presenta una querella contra cinco exdirectivos de Novagalicia

  • Las prejubilaciones que cobraron pueden ser constitutivas de delito
El expresidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, y el exdirector general, José Luis Pego. Foto: Archivo

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado ante el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional la querella contra cinco exdirectivos de Novagalicia Banco por las cantidades adjudicadas en concepto de prejubilaciones, "ocultando los importes tanto al Consejo de Administración como al Banco de España". Mauro Varela dimite como presidente de Novacaixagalicia.

Así, según recoge la querella, la Fiscalía considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de administración desleal o, de modo alternativo, de un delito de apropiación indebida.

La querella ha sido formalizada contra Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriarán Laza, Óscar Rodríguez Estrada y Francisco Javier García de Paredes Moro.

Abuso de sus funciones

Anticorrupción argumenta que todos ellos han actuado "con abuso de las funciones de su cargo y pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad crediticia, a disponer fraudulentamente de bienes de la misma, ocultando al Consejo de Administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones".

Además, la querella añade que los gestores de las cajas gallegas "no tenían derecho" a cobrar estas prejubilaciones, lo que se hizo "en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)".

La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias de investigación contra los antiguos directivos de Novacaixagalicia el pasado mes de noviembre por las indemnizaciones y prejubilaciones millonarias cobradas, así como por las presuntas irregularidades en las cuentas presentadas al Banco de España.

Novagalicia indemnizó con 20 millones de euros a tres de sus directivos entre el 1 de diciembre de 2010 y el 13 de septiembre. La entidad está participada por el Estado en un 93,16%, después de que el Banco de España le inyectara 2.465 millones de euros de capital a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

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