Las participaciones preferentes son elementos de deuda computables como recursos propios que presentas rasgos especiales, como la permanencia indefinida en el balance -es decir, son perpetuos-, una remuneración condicionada a la solvencia del emisor y a la existencia de beneficios suficientes, o su conversión en acciones ordinarias en determinadas circunstancias.
Habitualmente la banca española ha comercializados entre su clientela este tipo de productos. De forma masiva lo hizo en 2009, tras la quiebra de Lehman Brothers.
El año pasado se modificó la regulación de las preferentes. El Gobierno determinó que su amortización o canje anticipado no debía estar incentivado y que estaría condicionado a que la entidad no viera afectada su situación financiera. Además, fijó que debían ser transformadas en su caso por capital de igual o superior calidad, es decir, acciones ordinarias, cuotas participativas o aportaciones al capital. En ningún caso, depósitos, como ahora está autorizando el Banco de España a algunos grupos de cajas.
Los cambios normativos, que seguían las reglas internacionales, también incluyeron que debían establecerse mecanismos que aseguren la participación de los tenedores en la absorción de pérdidas de la entidad, ya sea mediante la conversión en elementos de capital o mediante la reducción de su valor. Este espíritu de la ley es el que, según fuentes financieras, pretende aplicar Europa para los grupos que tengan que ser rescatados en los próximos meses a través de préstamo de hasta 100.000 millones que concederá a España para sanear el sector financiero.
La problemática de la preferentes ha llegado a los políticos. Mientras algunos grupos de la oposición pretenden que el Gobierno prohíba su comercialización a los particulares, el Ministerio de Economía proyecta una legislación para evitar que este producto pueda venderse en las sucursales siempre y cuando una parte de la emisión sea cubierta por inversores institucionales.
La banca española ha colocado entre sus clientes productos poco aptos para pequeños inversores por importe de 40.000 millones de euros con el único fin de recapitalizarse dado el sostenido deterioro de sus activos inmobiliarios, según Adicae.
"Los pequeños ahorradores ya han rescatado a la fuerza a la banca durante los años de la crisis con 40.000 millones de euros", señaló Manuel Pardos, presidente de la asociación de defensa de los consumidores.
Ahora, con los depósitos de baja remuneración pretenden solucionar el problema existente. Ofrecen entre el 1,5 y el 2,65%, a vencimientos largos, de cuatro años por lo general y la condición de que en el caso de se cancele la imposición, a los tres años, se penalicen los interés recibidos. La retribución por estos productos alcanza en el mercado el 2,7%.
Preferentes: El Gobierno regulará el canje