Se acabó el plazo. Por lo tanto, la Comisión Europea deberá resolver con la máxima premura -posiblemente a lo largo de próximas semanas- si la financiación concedidas por el Gobierno español a los operadores de televisión digital terrestre (TDT) se ajustan al derecho comunitario.
Según ha podido saber elEconomista de fuentes conocedoras de la situación, Bruselas podría tomar una decisión antes de finales de mes, pero sin precisar el sentido o alcance de la misma.
El conflicto se remonta a marzo de 2009, cuando el operador luxemburgués satelital Astra, a través de su filial española SES Astra, denunció ante la Dirección General de Competencia de la Unión Europea "todos los concursos y subvenciones aprobadas por el Gobierno para financiar la extensión de la cobertura de la TDT", con inversiones públicas próximas a los 327 millones de euros.
Con esa aportación, el Gobierno español actualizó multitud de emplazamientos de la red terrestre para extender la señal de la televisión digital terrestre desde el 96% al 98,5 por ciento de la población española. El beneficiario de dichas ayudas fue Abertis Telecom, firma especializada en el negocio de radiodifusión de la TDT en España.
A grandes rasgos, SES Astra denunciaba que el proceso de transición de la televisión analógica a la digital "vulneraba el principio de neutralidad tecnológica", al favorecer un tipo de soluciones más costosas e ineficientes que otras para garantizar el servicio universal de la televisión digital en ciertas áreas de la población española.
Abertis negó entonces la mayor y replicó que su grupo había invertido 400 millones de euros en el despliegue de la tecnología para la TDT, sin financiación pública, y recordó que el servicio de televisión digital a través de ondas terrestres había sido impulsada en toda Europa en base a un estándar común y compartido.
En septiembre de 2010, la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea, dirigida por Joaquín Almunia, desveló que su departamento había iniciado la apertura formal de dos investigaciones en profundidad sobre la legalidad de sendos programas para favorecer la financiación de la digitalización y la ampliación de la red de TDT en España con motivo del apagón de la televisión analógica.
El principio de neutralidad tecnológica, respaldado por la UE y los estados miembros, garantiza la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas por los ciudadanos y por las Administraciones, así como la libertad de desarrollar e implantar los avances en un ámbito de libre mercado, sin favorecer una tecnología sobre otras. En el caso de la denuncia de SES Astra, la firma satelital consideraba que el Gobierno español se decantó por la tecnología de la TDT, discriminando las eficiencias del satélite para extender la cobertura de la televisión digital.
Los perdedores de la TDT
