Las grandes constructoras esperan cobrar cerca de 5.800 millones de euros desde el próximo 31 de mayo, día a partir del cual los ayuntamientos comenzarán a pagar las facturas pendientes en el marco del plan de pagos a proveedores que ha puesto el marcha el Gobierno. Las grandes constructoras (ACS, Ferrovial, Acciona, FCC, Sacyr y OHL) cuentan con ir cobrando a lo largo del segundo semestre del año los créditos que les adeudan las administraciones públicas.
Los ayuntamientos han presentado facturas pendientes de pago por valor de 9.750 millones a abonar a partir del 31 de mayo, mientras que las comunidades autónomas tienen, según los últimos datos, facturas morosas por 17.700 millones a pagar desde el 30 de junio.
Para poder pagar las facturas, el Gobierno y 26 entidades financieras han dotado de un crédito sindicado por valor de 30.000 millones, ampliable a 35.000 millones, a comunidades autónomas y ayuntamientos. Entre las compañías con más créditos pendientes de cobro se encuentra el grupo ACS, al que las administraciones adeudan unos 2.300 millones en total (reconocidos o no), de los que los ayuntamientos tienen 1.600 millones y las autonomías, el resto.En una conferencia con analistas, el director General Corporativo de ACS, Ángel García Altozano, avanzó que la compañía espera cobrar de los municipios en la segunda mitad de mayo y el resto después del verano.
Por detrás del grupo que preside Florentino Pérez, las entidades tienen una deuda vencida y reconocida de entre 1.400 y 1.500 millones con FCC, la mayor parte vinculada a su área de servicios. En el caso de Ferrovial, las administraciones adeudan a la compañía más de 1.000 millones en total, de los que una parte significativa está vencida. Asimismo, el importe reconocido que adeuda la administración a Sacyr Vallehermoso es de 376 millones, de los que los ayuntamientos tienen 260 millones y las comunidades, el resto. Ambas administraciones también tienen deudas reconocidas y pendientes de cobro con Acciona, por valor de 330 millones, de los que 170 millones son de las autonomías y 160 millones de los consistorios. OHL cuantificó en 328 millones la deuda vencida y exigible.
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