Telefónica, Vodafone y Orange afrontan el último plazo de la compra de frecuencias de móviles. El Ejecutivo hará caja si logra eludir el gasto de la reorientación de 1,4 millones de antenas de TV.
Telefónica, Vodafone y Orange aportarán al Tesoro Público un total de 817 millones de euros antes de dos semanas, correspondiente al pago pendiente por la adquisición de frecuencias de móviles de la banda de 800 y 900 MHz. Tal y como se contemplaba en la bases de la subasta de espectro radioeléctrico celebrada el verano pasado, los nuevos dueños de los recursos estaban obligados a abonar el 50 por ciento del total del precio final en el momento de la adquisición, mientras que la otra mitad restante se liquidaría antes del próximo 1 de junio de 2012.
De esa forma, Telefónica afronta en los próximos días la liquidación de 397 millones de euros, mientras que Vodafone contribuirá con 225 millones y Orange con 195 millones. El importe de las frecuencias de 2,6 Ghz fue abonado en su totalidad por sus adjudicatarios durante los diez días siguientes al término de la subasta, por lo que operadores Ono, Jazztel, Euskaltel, R, Telecable, Telecom CLM y Cota no tienen que afrontar ahora nuevos pagos.
La inyección económica que ahora recibe el Gobierno tenía como destino inicial la subvención de la liberación del denominado dividendo digital, cuyo presupuesto estimado oscilaba entre 600 y 800 millones de euros. Así se contemplaba en el artículo 51 de la Ley de Economía Sostenible (LES). En concreto, alrededor de 800 millones de euros estaban destinados para sufragar -con cargo los Presupuestos del Estado- los costes de la migración de los canales de televisión que ahora ocupan la banda de 790-862 MHz (canales radioeléctricos 61 a 69) y que antes de 2014 pasarán a manos de los operadores de telecomunicaciones. A partir de esa fecha, y en sintonía con la mayoría de los países de la Unión Europea, las compañías de telefonía móvil españolas estarían en condiciones de ofrecer servicios de Internet móvil de alta velocidad a la mayor parte de los ciudadanos.
'Limpieza del espectro'
El Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero había estimado que entre 500 y 600 millones de euros de los fondos obtenidos por la subasta del espectro (la mayor partida del presupuesto total de la limpieza del espectro de 800 MHz) se asignaría a las comunidades de propietarios de edificios que necesitarían modificar la infraestructura para garantizar la continuidad de la recepción del servicio de televisión, tareas de reantenización que estarían obligadas a realizarse en 1,4 millones de hogares. Asimismo, según el desarrollo normativo de la LES, entre 200 y 300 millones de los fondos obtenidos por las subastas de frecuencias móviles estaban predestinados para recompensar a los radiodifusores afectados por la obligación de emitir de forma simultánea en dos canales diferentes durante el reordenamiento del espectro debido a la liberación del dividendo digital. En concreto, dichos fondos se los repartirían las cadenas RTVE, Antena 3, Telecinco, Sogecable, La Sexta, Net TV y Veo TV.
Todo lo anterior quedó en papel mojado en el momento en el que el Gobierno del Partido Popular, acuciado por los recortes presupuestarios, cambió los planes anteriores y optó por ahorrar los 800 millones de euros del coste de la limpieza de las frecuencias del dividendo digital. Para conseguir su objetivo, el Ejecutivo debía convencer a las cadenas de televisión para que renuncien a la mitad del espacio que ahora mismo ocupan en la TDT.
El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo, esgrimió en el Congreso que el modelo de liberación del dividendo digital del Gobierno socialista "era muy ambicioso y muy caro", por lo que abogó por renegociar con los sectores implicados para hacer un plan más barato.
En la misma dirección incidió el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, al indicar en una intervención en el Senado que su departamento había constituido una mesa de diálogo con las cadenas de televisión para tratar de que éstas renuncien a parte de sus canales en la TDT y lograr "una solución consensuada, pero sin ningún tipo de imposición".
Ante el rechazo frontal de las televisiones privadas, el Gobierno dirigió su mirada hacia la cadena estatal TVE y el conjunto de las autonómicas, para que estas renunciaran a uno de sus múltiplex y así cuadrar las cuentas sin necesidad de nuevas reantenizaciones. En esa aventura se encuentra actualmente el Ejecutivo, pero con 800 millones de euros en el bolsillo a partir del primero de junio.
Como no podía ser de otra forma, los instaladores de antenas colectivas y fabricantes de equipos de recepción de señales de televisión pusieron el grito en el cielo ante el cambio de estrategia del Gobierno. Este colectivo aboga por mantener el actual número de canales de TDT y recuerda que "la supresión de los múltiplex no implica reducir el número de actuaciones a realizar en las comunidades de propietarios, al menos una por edificio". Por el contrario, el nuevo plan no sólo supone el incumplimiento de los compromisos iniciales, sino que también pondría en peligro el desarrollo de la emisión de contenidos para televisión de alta definición y de tres dimensiones, con los perjuicios que ello representa para los espectadores y para la industria audiovisual.
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