MADRID (Reuters) - El Gobierno español obligará a la banca española a apartar sus activos inmobiliarios en sociedades holding y, en aras de recuperar la confianza internacional, impondrá una auditoría independiente completa de la banca a la que prevé ayudar con un importe de 15.000 millones de euros entre capital y préstamos.
"(la cantidad) va a ser inferior el importe a lo que inyectó el Gobierno anterior en la primera ronda del FROB, que fueron 15.000 millones", dijo el ministro de Economía, Luis de Guindos, tras explicar la nueva reforma bancaria dos días después de la nacionalización de la cuarta entidad nacional por problemas de balance.
"(...) a un coste de interés próximo al 10 por ciento y con la obligación de reembolsarlo", quiso insistir Guindos que reiteró en numerosas ocasiones que las ayudas estatales para nuevos saneamientos no tendrían coste para los contribuyentes.
El Ejecutivo explicó que su principal plan consistiría en la aportación de instrumentos conocidos como capital contingente (CoCos), préstamos que tiene que ser devueltos a un tipo de interés del 10 por ciento, aunque tampoco descarta inyectar capital suscribiendo eventualmente ampliaciones de capital.
En una primera reacción el mercado y algunos analistas volvieron a cuestionar si la cifra de 15.000 millones sería suficiente para calmar los nervios sobre un sector bancario que ha suscitado las dudas por su enorme exposición al castigado sector inmobiliario que llevó incluso a especular con un rescate internacional de la banca española.
"El mercado esperaba ver una cifra de al menos 50.000 millones de euros en capital nuevo. No se puede dar una cifra de 15.000 millones sin más explicaciones", dijo un analista del sector bancario en Londres.
Las medidas presentadas por el Ejecutivo también incluyen unas provisiones adicionales de 30.000 millones sobre el crédito sano de 123.
Estas nuevas provisiones se suman a los alrededor de 54.000 millones de euros que las entidades ya tenían que provisionar por los activos considerados tóxicos (adjudicados y créditos dudosos y subestándar).
Analistas coincidieron a la hora de señalar que este conjunto de medidas presionarán de forma adicional el balance de los bancos de tal manera que obligará a muchas entidades solicitar la aportación de capital público mediante préstamos.
Las entidades financieras estarán obligadas a reubicar su cartera de activos adjudicados en una sociedad gestionada de forma independiente antes del 31 de diciembre de 2012 (el 31 de diciembre de 2013 para las que estén inmersas en un proceso de fusión), con el fin de delimitar de forma clara y precisa el riesgo promotor del sector financiero.
El objetivo final es poner en venta este tipo de activos.
"La obligatoriedad ha sido algo inesperado porque va a suponer una presión enorme para todo el sector. En una parte importante del sector ocasionará pérdidas y contribuirá dañar sus niveles de solvencia de tal manera que les empujará a solicitar préstamos", dijo María López, analista de Espirito Santo.
Fuentes del Gobierno explicaron que las entidades financieras españolas que tengan la capacidad de cumplir por sí solas las exigencias de provisionamiento de activos tóxicos no tendrán que sacar de sus balances las sociedades de liquidación inmobiliaria.
El Gobierno ha aplicado en la reforma financiera la estrategia de la zanahoria y el palo, ya que al tiempo que fuerza a los bancos a sacar al mercado sus activos, también va a facilitarles la tarea de colocar su enorme stock.
En concreto, ha aprobado un decreto ley que otorga a quien invierta en viviendas este año (particular o empresa) una exención del 50 por ciento en las eventuales plusvalías en el momento de la venta futura.
El Ibex-35 se dejó el viernes un 0,71 por ciento tras llegar a caer más de un dos por ciento. Los grandes bancos también reducían los quebrantos de primera hora de la tarde y caían alrededor de un uno por ciento, en línea con el sector en Europa.
El diferencial del bono española de 10 años sobre el alemán al mismo plazo se disparó hasta los 450 puntos básicos.
AUDITORÍA INDEPENDIENTE A LA BANCA
El nuevo plan de saneamiento también contempla una valoración independiente del riesgo de toda la cartera de activos del sector financiero como una forma para despejar las dudas en los mercados sobre la calidad de los activos de la banca. Está previsto que la auditoría se realice en un plazo de tres a cuatro meses.
Al cierre de 2011, la banca española tenía una exposición inmobiliaria de 308.000 millones de euros, de los cuales 184.000 millones correspondían a activos tóxicos (dudosos, subestándar y adjudicados).`
El ministro también pidió transparencia en las valoraciones inmobiliarias de la banca y adelantó que las tasaciones se encargarían a entidades independientes.
Pese a que analistas del sector han considerado positiva la mayor transparencia que traerá esta auditoría, la incertidumbre sobre el resultado de la misma podría impedir que se despeje el horizonte para el sector bancario español.
"Aún no se puede a aparcar el problema del sector financiero español, al menos no hasta que no se conozcan, dentro de dos o tres meses, las cifras en las que los especialistas independientes valoren las carteras de activos tóxicos de la banca española y se sepa qué bancos, con esas valoraciones, necesitarán dinero público y por qué cuantía", dijo Soledad Pellón, estratega de IG Markets.
"Hasta entonces, la incertidumbre podría continuar y la banca seguirá soportando las especulaciones de los mercados".
De Guindos se mostró también confiado en que la privatización futura de Bankia compensara ampliamente los costes de la nacionalización.
"Tras su saneamiento, su reestructuración, se privatizará y generará recursos para los contribuyentes españoles que estoy convencido que compensarán de lo que es el potencial coste que pudiera tener a priori dicha intervención", agregó el ministro.
El Estado procedió el miércoles a la nacionalización del grupo BFA-Bankia a través de la conversión de los préstamos de 4.465 millones que tenía BFA en capital.
De Guindos aseguró que la dimisión de Rodrigo Rato como presidente del Grupo BFA-Bankia fue una decisión personal que se produjo en pleno proceso de nacionalización de la entidad.
