El Gobierno reforzaría los controles contra el fraude laboral

MADRID (Reuters) - El Gobierno aprobará próximamente un plan contra el empleo irregular que prevé intensificar los controles en empresas y la persecución de trabajadores en la economía irregular que a la vez cobren prestación por desempleo, según un documento al que ha tenido acceso Reuters.

Según el documento, el plan introducirá "modificaciones organizativas y operativas que posibiliten una mayor eficacia en las actuaciones de las Administraciones" y que las mismas se regirán por un "criterio de eficacia, y no meramente cuantitativo".

El borrador del denominado "Plan Integral de Lucha contra el Empleo Irregular y el fraude en el ámbito laboral y de la Seguridad Social" establece que sus líneas de acción "se concretarán en actuaciones de carácter extensivo, realizando controles masivos sobre los sectores que reúnen los perfiles seleccionados, que se combinarán con los intensivos mediante visitas a los centros de trabajo, para comprobar que los trabajadores están en situación de alta y no son perceptores de prestaciones con cargo al Sistema de la Seguridad Social".

Un portavoz del Ministerio de Empleo no pudo confirmar que el documento no vaya a ser modificado, y tampoco si será aprobado en el Consejo de Ministros del viernes, como especuló algún medio, o en semanas venideras.

Según el borrador, el plan prevé la incorporación inmediata de 99 inspectores con dedicación prioritaria a la lucha contra el fraude, a los que entre finales de este año y principios del que viene se sumarán aquellos que superen un proceso de selección actualmente en curso.

Además del cobro indebido de la prestación por desempleo, el plan prevé perseguir los incumplimientos empresariales de alta y cotización de trabajadores, y la utilización de trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo.

En este sentido, el borrador del plan fue muy criticado por las dos mayores centrales sindicales del país, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), que consideran que el proyecto centra los esfuerzos contra el fraude en los parados en lugar de hacerlo en los empresarios que defraudan.

"El planteamiento del Gobierno no parece corresponderse con la necesidad de perseguir el fraude laboral ni la economía sumergida, ya que todo el texto responsabiliza a los trabajadores de las infracciones cometidas, aunque la norma establezca que estas son atribuibles a las personas contratantes o a quienes emplean de manera irregular", dijeron ambas organizaciones en un comunicado conjunto.

Además, ambas organizaciones consideran que las menciones que el documento hace a la merma de ingresos en la Seguridad Social, al malestar de los trabajadores cumplidores frente a aquellos que no lo hacen, y a la necesidad de concienciación social sobre la importancia de evitar el fraude, "no parece poder discurrir en paralelo con la recién aprobada amnistía fiscal para los defraudadores".