
El operador vasco de telecomunicaciones Euskaltel, controlado en un 68% por Kutxabank, colocará a sus aserores jurídicos a trabajar para ver si existen fórmulas legales para evitar tener que pagar la indemnización de 222 millones a su competidor Orange, como ayer determinó el Pleno de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en un auto que obliga a cumplir lo resuelto por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, en julio de 2010.
Tras conocerse la resolución, Euskaltel arremetió contra el TSJPV por "asumir un laudo que es una aberración jurídica, arbitrario, desproporcionado y parcial a favor de la multinacional francesa", sin entrar a dilucidar sobre el fondo del asunto.
Historia del enfrentamiento
El enfrentamiento entre Euskaltel y Orange se remonta a verano de 2006, en el que el operador vasco decidió dar por terminada su alianza en el negocio de telefonía móvil que venía heredada de la antigua Amena y decidió que fuera Vodafone quien le diera el soporte como operador virtual (Full OMV).
El divorcio se tradujo en que Euskaltel logró captar, por medio de una campaña de migración masiva, alrededor de 230.000 clientes, a pesar de que Orange contraatacó con una rebaja de tarifas del 50% para los clientes vascos que se quedaran.
Tras la sangría comercial, Orange acudió a la Corte Arbitral acusando a Euskaltel de incumplir los pactos y provocarle importantes daños económicos. En julio de 2010 la Corte Arbitral falló a favor de Orange, imponiendo a Euskaltel una indemnización de 221,89 millones más las costas. Ahora el TSJPV considera ajustado a derecho el laudo arbitral, por lo que exhorta a Euskaltel a hacer frente a la indemnización, más el abono de las costas, que en el conjunto del proceso suman 2,35 millones, lo que eleva el coste total para la compañía vasca a 224,24 millones de euros.
Cifra desproporcionada
En su respuesta al auto, Euskaltel reprocha al TSJPV de asumir un laudo que es "una aberración jurídica" y que no se ajusta "a derecho, y que es profundamente injusta y desproporcionada, sin precedentes en la historia del sector de las telecomunicaciones".
El operador vasco califica la indemnización como "desorbitada" y que supone "los beneficios de siete años en todos sus negocios", no sólo de móvil. La compañía vasca estaba convencida de que iba a ganar en los tribunales españoles, percepción que venía reforzada porque su auditor (PwC) no consideraba necesario que dotasen esa cifra en sus cuentas anuales.
Tras conocerse el auto judicial, Kutxabank, principal accionista de Euskaltel, dijo que no afectaba a su estrategia en la compañía. En esta estrategia está permanecer como socio de control, pero busca compradores para reducir su peso.