BUENOS AIRES (Reuters) - Argentina intervino el lunes la petrolera YPF y buscará expropiar un 51 por ciento de la empresa controlada por la española Repsol, en una decisión que agudiza la presencia estatal en la economía y pone al país al borde de un conflicto mayor con la Unión Europea.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció entre aplausos que enviará al Congreso un proyecto para expropiar la mayoría de YPF (YPFD.ARG) la mayor empresa del país, que desde hace meses es culpada por el Gobierno de la caída en la producción de crudo y gas que está erosionando el superávit comercial del país.
Fernández, que aseguró que el proyecto busca darle al país libertad para decidir su política energética y citó el ejemplo de muchos países con petroleras estatales, detalló que las acciones que se buscan expropiar son exclusivamente las que tiene Repsol-YPF y no la de otros socios privados.
Ese detalle fue lo que más molestó al Gobierno de España, que consideró la decisión de Fernández como "un gesto hostil", "extravagante" y "arbitrario".
Repsol-YPF, por parte, dijo que considera la decisión tomada por Fernández como "ilícita" y que estudia los pasos legales.
Repsol-YPF tiene un 57,4 por ciento de YPF, mientras que el Grupo Petersen, el mayor accionista local y perteneciente a la familia local Eskenazi, posee un 25,46 por ciento.
La mandataria dijo que de su plan surgirá "una empresa nacional y profundamente federal (...) YPF es de todos, quiero que lo tengamos muy claro".
El ex secretario de Energía argentino Alieto Guadagni dijo que es muy probable que el conflicto termine con una nueva demanda contra Argentina en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un tribunal del Banco Mundial.
La Unión Europea no tardó en reaccionar al anuncio del Gobierno argentino.
"Una toma de control forzada por parte del Gobierno argentino será una señal muy negativa para los inversores, nacionales e internacionales, y podría dañar seriamente el ambiente de negocios en Argentina", dijo el portavoz de Comercio de la Unión Europea, John Clancy.
En Nueva York los títulos de YPF se desplomaron un 10,9 por ciento a 19,54 dólares hasta que su cotización fue suspendida. En Buenos Aires caían un 2,43 por ciento antes de ser suspendidas.
"La suma de todos los males por una estatización se consumaron y esto cambia rotundamente la tendencia de la acción", dijo Marcelo Paccione analista de ConsultCapital Sociedad de Bolsa.
La capitalización total actual de YPF es de 46.765 millones de pesos, o de unos 10.640 millones de dólares al tipo de cambio oficial, según datos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La firma perdió más de 4.000 millones de dólares de valor de mercado en lo que va del año.
Goldman Sachs dijo en un informe que no está claro cómo el Gobierno valuará el 51 por ciento de YPF y si el resto de sus accionistas estarían dispuestos a continuar como minoritarios.
Los bonos de la deuda soberana de Argentina aceleraron levemente su caída tras el anuncio.
Ambas cámaras del Congreso están controladas por el oficialismo, por lo que se descuenta que la norma sea aprobada. Según el proyecto, de la porción a ser expropiada, un 51 por ciento quedará en manos del Estado y un 49 por ciento será de provincias productoras de hidrocarburos de Argentina.
INTERVENCIÓN
YPF, fundada en 1922, fue parcialmente privatizada en 1992 tras años de reportar pérdidas debido a que usualmente tenía que financiar al Tesoro.
Durante parte de su historia como empresa estatal, YPF fue conducida con fuerte interferencia política.
Las necesidades energéticas de Argentina han sido una bomba de tiempo desde hace años, pero para el Gobierno se volvieron prioritarias recientemente debido a que el creciente costo de importación de combustible está erosionando el preciado superávit comercial de Argentina.
Argentina, aún sin acceso pleno a los mercados internacionales de crédito tras una suspensión de pagos en 2001, tiene en su superávit comercial una de las pocas fuentes de divisas.
La producción de crudo cayó un 5,9 por ciento y la de gas natural un 3,4 por ciento el año pasado, cuando la demanda energética creció un 5,1 por ciento, según datos del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG).
La importación de alternativas más caras, como gas natural licuado (GNL) y diésel, creció más del doble en el 2011 a unos 9.300 millones de dólares.
Daniel Volberg, economista de Morgan Stanley, advirtió en una nota a clientes que "el conflicto del petróleo es simplemente un aspecto" de lo que llamó la posible "radicalización de la política" del Gobierno argentino, que ha nacionalizado empresas como Aerolíneas Argentinas, los fondos privados de pensiones y la mayor distribuidora de aguas local.
Según la consultora Capital Economics, con sede en Londres, la decisión argentina pone en evidencia la estrechez de su "modelo" económico, que ha obligado al país a imponer restricciones en el mercado cambiario y a las importaciones para cuidar el superávit comercial.
Argentina debe realizar millonarias importaciones de hidrocarburos debido al declive de su producción, lo que estaba erosionando su superávit de comercio.
"Vemos esto (el proyecto de expropiación) como una negativa perspectiva (ya pobre) para la inversión de largo plazo y creemos que podría extenderse a una retirada parcial de inversores extranjeros de otros sectores", dijo Capital Economics.
¿SOLUCIÓN?
La expropiación no resolverá las necesidades argentinas de un incremento de la producción de hidrocarburos, al menos en forma inmediata, según analistas.
"Me parece que en el corto plazo esto no soluciona nada porque no es que a partir de mañana YPF va a producir más. En el corto plazo no vamos a ver demasiadas diferencias en la producción de crudo y de gas", dijo a Reuters el analista de la industria Eduardo Fernández.
"Este año tienen que poner 14.000 millones de dólares para pagar el gas y el petróleo (importado). Además de eso van a tener que poner plata para hacer exploración y desarrollo. No sé si el Gobierno está en condiciones", agregó.
/Por Karina Grazina y Guido Nejamkis/
