Argentina expropiará la petrolera YPF

BUENOS AIRES (Reuters) - Argentina intervino el lunes la petrolera YPF y buscará expropiar un 51 por ciento de la empresa controlada por la española Repsol, en una decisión que agudiza la presencia estatal en la economía y pone al país al borde de un conflicto mayor con la Unión Europea.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció el lunes que enviará al Congreso un proyecto para expropiar la mayoría accionarial de YPF (YPFD.ARG) que es la empresa más grande del país y desde hace meses es culpada por el Gobierno de la persistente caída en la producción de crudo y gas del país.

La decisión de expropiación de YPF fue aplaudida y celebrada por las decenas de funcionarios que acompañaron a Fernández durante el acto del anuncio, aunque podría provocar una ola de litigios internacionales a Argentina.

Las autoridades europeas no tardaron en reaccionar.

"Una toma de control forzada por parte del Gobierno argentino será una señal muy negativa para los inversores, nacionales e internacionales, y podría dañar seriamente el ambiente de negocios en Argentina", dijo el portavoz de Comercio de la Unión Europea, John Clancy.

Los bonos de la deuda soberana de Argentina aceleraron levemente su caída tras el anuncio, mientras que la bolsa caía profundamente presionada por los papeles de YPF, que perdían un 2,43 por ciento justo antes de ser suspendidos por el regulador del mercado.

"La suma de todos los males por una estatización se consumaron y esto cambia rotundamente la tendencia de la acción", dijo Marcelo Paccione analista de ConsultCapital Sociedad de Bolsa.

En Nueva York los títulos de YPF se desplomaban un 10,9 por ciento a 19,54 dólares a las 17:40 GMT.

Daniel Volberg, economista de Morgan Stanley, advirtió en una nota a clientes que "el conflicto del petróleo es simplemente un aspecto" de lo que llamó la posible "radicalización de la política" del Gobierno argentino, que ha nacionalizado empresas como Aerolíneas Argentinas, los fondos privados de pensiones y la mayor distribuidora de aguas local.

Ambas cámaras del Congreso están controladas por el oficialismo, por lo que se descuenta que la norma sea aprobada. Según el proyecto, de la porción a ser expropiada, un 51 por ciento quedará en manos del Estado y un 49 por ciento será de provincias productoras de hidrocarburos de Argentina.

"No estamos inventado nada", dijo la presidenta de Argentina sobre su propuesta, mencionando una decena de países que cuentan con empresas estatales de petróleo.

Agregó que de su plan surgirá "una empresa nacional y profundamente federal", e indicó: "YPF es de todos, quiero que lo tengamos muy claro".

Actualmente Repsol tiene un 57,4 por ciento de YPF, mientras que el Grupo Petersen, el mayor accionista local, posee un 25,46 por ciento.

No estaba claro cómo se vería afectado cada uno de los accionistas en la expropiación.

Por otra parte, la intervención de la empresa fue puesta a cargo del ministro de Planificación Federal de Argentina, Julio De Vido. Un portavoz de YPF dijo que la firma ya se encontraba intervenida.

"RESPUESTA ADECUADA"

España dará "la respuesta más adecuada" al anuncio de Argentina, dijo el lunes la secretaria general de organización del gobernante Partido Popular (PP), María Dolores de Cospedal.

"El Gobierno tiene que decidir la respuesta que tiene que dar, pero no me cabe la menor duda que sería la respuesta más adecuada para la defensa de los intereses nacionales y de los intereses españoles y la respuesta suficiente y completa para defender el interés de las empresas españolas en Argentina", dijo Cospedal en rueda de prensa.

La ley argentina de expropiaciones contempla indemnizaciones sobre "el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación".

Según la consultora Capital Economics, con sede en Londres, la decisión argentina pone en evidencia la estrechez de su "modelo" económico, que ha obligado al país a imponer restricciones en el mercado cambiario y a las importaciones para cuidar el superávit comercial.

"Vemos esto (el proyecto de expropiación) como una negativa perspectiva (ya pobre) para la inversión de largo plazo y creemos que podría esparcir una retirada parcial de inversores extranjeros de otros sectores", dijo Capital Economics.