La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha puesto el dedo en la llaga a las empresas transportistas y distribuidoras de gas. A través del informe remitido al Ministerio de Industria para reformar el sector, el organismo advierte de que estas empresas aportan datos para que se calcule su retribución (la cual repercute en el recibo del gas) que "no garantizan la suficiente veracidad de los valores de inversión" o que no están actualizados desde hace una década y, en consecuencia, se incluye el coste de la amortización de activos que ya lo están.
La crítica se produce en un momento donde se solicita al consumidor un esfuerzo, a través de subidas tarifarias, para acabar con el déficit del gas que ronda los 300 millones o con nuevas cargas como el pelotazo de ACS en el almacén de Castor. Sin embargo, según el documento, estas empresas han recibido ingresos extras por una regulación obsoleta por la inacción del anterior Ejecutivo y que ha provocado el desajuste financiero actual.
Para más inri, la CNE critica la excesiva retribución con la que cuentan los activos regulados, tanto de transporte como en almacenamientos de gas. En concreto, apunta que los valores aplicados de la tasa financiera y la retribución financiera "difieren de los costes financieros reales de las empresas". Incluso se encuentran seis puntos porcentuales por encima de las obligaciones del Estado a 10 años que cotizan entre el 4,5% y el 5,5%. Y todo ello sin que haya un riesgo empresarial, ya que se trata de activos regulados.
Además, la institución cree necesario eliminar el coste de la extensión de la vida útil porque en muchos casos la inversión ya ha sido amortizada y retribuida, al tiempo que sus costes de operación y mantenimiento son retribuidos y seguirán siéndolo mientras la instalación esté en servicio.
Uno de los grandes problemas del sistema se produce por la ausencia de una actualización de la retribución de la distribución desde 2002, cuando la revisión de la misma debería haberse realizado cada cuatro años. Por tanto, no se ha tenido en cuenta cuál es el grado de amortización de activos regulados ni cuáles son los costes actuales de operación y mantenimiento. El resultado es que el recibo del gas no se ha beneficiado de la reducción de los costes por haber ya sufragado esta partida. Además, en este periodo ha habido mejoras de la productividad en los costes de operación y mantenimiento de las distribuidoras que tampoco se han tenido en cuenta para adelgazar la factura del gas.
Hay que precisar que las compañías han estado amparadas por la normativa actual, que no ha sido revisada, con lo que no estarían haciendo nada en contra de la ley. Eso sí, a la hora de proponer un recorte de los ingresos, la CNE se acoge a la norma que establece que el sistema de actualización de la retribución ha de realizarse cada cuatro años.
Por ello, cree conveniente que, además del ajuste en distribución, es necesario revisar la tasa interna de rentabilidad de las actividades reguladas y reducir desde 375 puntos básicos (transporte) y de 350 (almacenamientos) a 200 puntos básicos. La CNE también aboga por eliminar la tasa de actualización del 2,5%.
Los recortes también llegan al transporte de gas y el regulador propone un retraso de las inversiones previstas. De ahí que Enagás fuera tan penalizada en bolsa cuando transcendió el contenido del informe del regulador, con un retroceso de más del 4 por ciento.
En cuanto a la regasificación y el transporte, el organismo pone de manifiesto que las empresas "incluyen partidas de manera subjetiva", es decir, "costes que quizá puedan ser ajenos a una correcta retribución regulada".
Por último, el organismo lamenta que las empresas transportistas y distribuidoras informan a la Administración y a la CNE sobre sus costes e inversiones sin criterios homogéneos, de veracidad y razonables y sin que haya una contabilidad regulatoria que garantice la coherencia con los estados contables auditados.
Desacreditan el informe
Fuentes del sector, no obstante, aseguraron a elEconomista que el informe de la CNE no ha tenido en cuenta los datos que manejan los analistas y recuerdan que la TIR de Enagás es de apenas el 7%, frente a un coste de capital del 6,5%, lo que supone que apenas podría admitir recortes en su retribución. El gestor supone en estos momentos alrededor del 10% de la factura de gas y un tercio de los costes regulados.
Del mismo modo, las empresas del sector destacaron la dejación de funciones del regulador que podría haber realizado advertencias al Gobierno o incluso haber emitido alguna circular para obtener los datos precisos, ya que la actividad de distribución responde en su diseño a un criterio de eficiencia que ha permitido el crecimiento de una manera sostenible y piden que se potencie bajo su modelo actual.
¿Un tarifazo en el gas?
