El País Vasco se juega mañana en el Tribunal de la UE su capacidad fiscal

El caso sobre la fiscalidad vasca llegó al Tribunal de la UE, situado en Luxemburgo, mediante una cuestión prejudicial -una consulta- realizada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

Este Tribunal, que lleva años decidiendo sobre recursos contra el impuesto de sociedades vasco, decidió intentar zanjar la cuestión preguntando a Luxemburgo.

La cuestión es si el impuesto de sociedades que aplica Euskadi, más bajo que el del resto de España, es compatible con la legalidad europea, o por el contrario, el dinero que se ahorran las empresas debe ser considerado una ayuda de Estado y, por tanto, ser ilegal.

En el fondo, está en juego la capacidad vasca de dictar normas fiscales propias, diferentes a las del Estado, una facultad que defienden todos los partidos vascos, pero que es vista como una competencia desleal por las comunidades limítrofes, La Rioja y Castilla-León, que son las que recurren las normas vascas a los tribunales por considerar que favorecen la marcha de sus empresas al País Vasco.

Desde la parte vasca se cree que el Tribunal de Luxemburgo les dará la razón basándose en la sentencia del caso de las islas Azores. En ella, el Tribunal de la UE dictaminó que para que las regiones pudieran establecer tipos impositivos reducidos, inferiores a los del Estado en el que se insertan, deberían cumplir tres condiciones.

La primera es que el sistema fiscal, en este caso el vasco, debe tener encaje en la Constitución del Estado; la segunda, que el poder regional que apruebe las normas debe tener autonomía para dictarlas, es decir, que no necesite autorización del Estado, y la tercera, que el recorte de impuestos no tenga que ser compensado desde el Estado.

El País Vasco considera que cumple estas tres condiciones, pero la parte contraria alega que no es así, que no están claras las relaciones financieras con el Estado.

El País Vasco tiene ante el Tribunal a dos aliados curiosos: el Reino Unido e Italia, a los que les interesa que se reconozca la capacidad fiscal diferenciada, la que aplican a Gibraltar y Sicilia. En cambio, la Comisión Europea es contraria a la competencia fiscal vasca y ha pedido al Tribunal que la anule.

De la importancia del juicio hablan las extensas delegaciones que acudirán al mismo: por la parte vasca irán la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia y los tres diputados generales del País Vasco (son los presidentes de las diputaciones, que son las que dictan las normas fiscales), todos del PNV.

También acudirán cargos de otros partidos, como los presidentes de las Juntas de Guipúzcoa, la socialista Rafaela Romero, y de Alava, el popular Juan Antonio Zárate.

Por la parte contraria a los incentivos vascos, desde la Junta de Castilla y León acudirán el vicepresidente y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, y la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, mientras que la delegación riojana estará encabezada por los consejeros de Administraciones Públicas y Política Local, Conrado Escobar; y de Industria, Innovación y Empleo, Javier Erro. EFECOM

rc/mdo

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