Caracas, 22 feb (EFECOM).- El ministro venezolano de Energía y Petróleo y presidente de la empresa estatal Pdvsa, Rafael Ramírez, exigió hoy "que se vaya" de su país cualquier empresa petrolera extranjera "que no esté dispuesta a aceptar nuestra soberanía".
"Es el imperialismo y sus empresas las que agreden nuestra soberanía", dijo en alusión a la multinacional estadounidense Exxon Mobil, a la que volvió a condenar en un discurso ante trabajadores petroleros que repudiaron a la multinacional en una manifestación en el noroeste del país.
Ramírez reiteró, como ha insistido en las últimas semanas, que Exxon, con la cual Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa) mantiene un litigio, contó en el pasado con "venezolanos traidores" que dirigieron la industria petrolera hasta la llegada al poder, en 1999, del presidente Hugo Chávez, quien sostiene ha nacionalizado efectivamente el sector.
Con ello, añadió Ramírez, "los trabajadores tomaron el control" y "le hemos dicho al mundo que sepa y entienda que aquí se respetan nuestras leyes y nuestra Constitución y las empresas que no estén dispuestas a hacer eso, pues que se vayan de nuestro país; no los queremos", como "tampoco queremos a los traidores".
El Gobierno de Chávez ha insistido en que solamente hablará con la estadounidense Exxon Mobil durante el arbitraje en el Banco Mundial que definirá una eventual indemnización por haber sido excluida de las operaciones en Venezuela, y no en tribunales que "están fuera del marco" acordado.
"Quien ha sobrepasado las acciones contempladas en el arbitraje ha sido la Exxon, con las acciones de congelación de bienes" de Pdvsa por hasta 12.315 millones de dólares que logró en tribunales de Estados Unidos, el Reino Unido y Holanda, dijo Ramírez hace dos días.
A efectos prácticos, la congelación afecta solo a 315 millones de dólares en una cuenta de Pdvsa en Nueva York, ya que en los otros países no tiene activos por 12.000 millones de dólares.
Esas medidas judiciales paralelas al arbitraje, a las que Pdvsa hace frente con sus abogados, "están fuera del marco que era la figura del arbitraje", reiteró Ramírez al desechar propuestas públicas de negociación extrajudiciales que ha recibido de Exxon.
"Hemos escuchado varios mensajes de Exxon" en ese sentido, dijo, pero insistió en que la posición de Venezuela "es que debemos retornar a la situación que estaba planteada en el marco del arbitraje" del Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
En diciembre pasado, antes de que se conocieran las actuaciones de Exxon en los tribunales, ambas partes designaron a sus representas en el arbitraje, que aún no comenzó su labor para definir si Pdvsa debe pagar alguna compensación a la multinacional por haberla excluido de las operaciones que efectuaba en Venezuela.
La exclusión se produjo luego de que leyes venezolanas reformadas recientemente obligaron a Pdvsa a asociarse en empresas mixtas con multinacionales u otras empresas que operan o deseen hacerlo en Venezuela, siempre dejando a la estatal como socia mayoritaria.
El nuevo marco de asociación no fue aceptado por Exxon, lo que dio paso al arbitraje previsto en los contratos, aunque la multinacional apeló además a los tribunales para garantizar el pago de la eventual indemnización que definirá el Ciadi.
Tras ello, Venezuela excluyó a Exxon de otras operaciones de comercialización de su crudo y sus derivados, y ha anunciado que le reclamará deudas que dejó en Venezuela con sus trabajadores, quienes han sido contratados por Pdvsa, además de que el presidente, Hugo Chávez, la ha amenazado de procesarla por "robo" de petróleo.
La indemnización a la que aspira Exxon rondaría los 5.000 millones de dólares, pretensiones que constituyen "una desproporción", añadió Ramírez, quien aseguró que el valor de los activos que dejó en su país "no llega a 1.000 millones de dólares". EFECOM
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