Empresas y finanzas

Presidente La Rioja dice no está en contra de Concierto vasco, sí de su abuso

Logroño, 22 feb (EFECOM).- El presidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz Alonso, afirmó hoy que esta comunidad "no está en contra" del Concierto Económico del País Vasco, pero "sí en contra del abuso reiterado" que se hace del mismo.

En una rueda de prensa, Sanz Alonso aludió a la vista oral que se celebrará el próximo día 28 en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en Luxemburgo sobre la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) respecto a diversos recursos interpuestos, entre otros, por el gobierno riojano.

El TSJPV decidió plantear la cuestión prejudicial tras dictarse la sentencia del Tribunal de Justicia comunitario relativa a las Islas Azores, en la que se fijan los criterios por lo que es factible que entes infraestatales o regionales establezcan tipos impositivos reducidos, inferiores a los vigentes en el Estado en el que se insertan.

Sanz Alonso reiteró que el País Vasco no cumple los requisitos fijados por la jurisprudencia comunitaria para establecer los tipos reducidos que mantiene en el Impuesto de Sociedades, lo que defenderá en la vista del próximo día 28.

Insistió en que "el Gobierno de La Rioja no ataca el Concierto Económico vasco", que está en la Constitución, lo que no acepta es que se efectúe un "abuso reiterado" de las competencias establecidas en el mismo.

El Gobierno riojano planteará su defensa con argumentos "lógicos" y citará los artículos de la Constitución 14, que alude a la igualdad de los españoles, y 31, referente al aspecto tributario, así como al trece del Concierto Económico Vasco, que fija que no se puede mantener una presión fiscal inferior a la del conjunto del Estado.

Subrayó que el Concierto Económico vasco tiene unos límites, marcados por la esencia del propio Concierto, de la Constitución y del derecho comunitario.

También "ha acusado" a las Diputaciones Forales y al Gobierno vasco de "no acatar" la Carta Magna española y el derecho comunitario cuando adoptan normas de desarrollo que son "abusivas" y que, de alguna forma, generan "discriminación" y "desigualdad" entre territorios y ciudadanos. EFECOM

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