La denominada 'Ley Sinde' se ha convertido en una pesadilla para el Gobierno socialista durante sus últimos días en la Moncloa. Ni la situación de interinidad del Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero le libra de la polémica que genera la norma que autorizará el bloqueo de aquellas páginas web relacionadas con descargas de contenidos protegidos por derechos de autor.
De buena gana, el Gabinete socialista pasaría ahora semejante patata caliente al Partido Popular. Entre otros argumentos, se trata de un asunto que en su día encendió la mecha del movimiento del 15-M y que, desde su origen, le está provocando severos costes políticos y sociales de diferente signo. Pero el punto discordante en el Ejecutivo de toda esa controversia la personifica la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, quien ya ha anunciado su inminente retirada de la vida política.
La aprobación del referido reglamento de la referida disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible (LES) tiene enfrentados a dos bandos antagónicos en el Gabinete socialista. Por un lado se encuentran los departamentos de Industria y Justicia, contrarios a la aprobación de la Ley Sinde, y que consideran que "no se trata una urgencia, ni tiene sentido para un Gobierno en funciones". En el bando opuesto presiona Cultura, donde su titular ha empeñado su palabra y credibilidad en el cumplimiento de un trámite comprometido con representantes del sector de los contenidos digitales.
La publicación en elEconomista de las intenciones del Gobierno de aprobar el reglamento convulsionó la Red y encendió las luces de alarma. Por su parte, el Ministerio de Cultura eludió pronunciarse sobre la posible aprobación del reglamento de la Ley Sinde. "Ni confirmamos ni desmentimos", indicaron portavoces oficiales del departamento de la Plaza del Rey a elEconomista, lo que deja la puerta abierta al arbitrio personal de González-Sinde.
González-Sinde luchará por el visto bueno definitivo
La cuestión fue analizada por la Comisión de Subsecretarios del pasado miércoles, sin que dichos técnicos lo incluyeran finalmente en el orden del día que elevaron a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
Pese a lo anterior, la ministra de Cultura dispone de plenas competencias para acudir a Moncloa con el reglamento de la Ley con su apellido bajo el brazo para someterlo a decisión del Ejecutivo. En su favor también juega el respaldo que ayer recibió por parte del Consejo de Estado, que ha remitido el reglamento al Ministerio de Cultura para que su responsable pudiera defenderlo este viernes en el que será el penúltimo consejo de ministros del Gabinete socialista.
Pese a que la decisión del Consejo de Estado no es vinculante, de todo lo anterior se desprende que Cultura estaría en perfectas condiciones de llevar el asunto a Moncloa para obtener el visto bueno definitivo.
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González-Sinde peleará para 'salvar' su ley