Madrid, 17 ene (EFECOM).- Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa han recurrido ante la Audiencia Nacional la orden ministerial que les obliga a descontar de su retribución el importe de los derechos de emisión de CO2 que el Gobierno les concedió de forma gratuita en 2006 y 2007, confirmaron a Efe fuentes de las tres compañías.
Las eléctricas han presentado sus recursos de forma independiente contra la orden ministerial que desarrolla el Real Decreto-Ley, aprobado el 23 de marzo de 2006, que en la práctica les obliga a minorar alrededor de 1.200 millones de euros por los derechos asignados de forma gratuita en 2006 y 2007.
Tal y como adelantó hoy Cinco Días, el plazo para presentar los recursos contra este orden, aprobada el pasado 15 de noviembre de 2007, finalizaba hace un par de días.
Según explicaron a Efe fuentes del sector, las compañías recurren esta norma ya que consideran que con su aplicación el Estado "expropia unos ingresos que son legítimos".
Tras la entrada en vigor del Protocolo de Kioto las compañías eléctricas tuvieron que internalizar el coste que supone emitir CO2.
El Gobierno les asignó una serie de derechos gratuitos, pero las compañías los contabilizaron como costes y repercutieron estos importes en las tarifas.
Al constatar este comportamiento el Ministerio de Industria decidió que debían devolver estas cantidades, que los consumidores habían pagado de forma indebida.
Así, la cantidad que se restará de la retribución de las eléctricas será equivalente al ingreso obtenido por la internalización en las ofertas de venta del coste de estos derechos gratuitos.
Se calcula que esta cantidad puede rondar los 1.100 millones en 2006 y los 100 millones en 2007, que se restarán de los déficit tarifarios que se reconozcan finalmente para cada ejercicio.
El pasado 7 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó otro Real Decreto Ley por el que se amplía esta misma obligación de descontar los derechos de emisión asignados de forma gratuita durante la vigencia del nuevo Plan Nacional de Asignación 2008-2012.
Las eléctricas ya han anunciado su intención de recurrir también esta nueva normativa que, a su juicio, introduce inseguridad regulatoria, les causa un daño patrimonial y reduce la competencia entre las compañías. EFECOM
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