Eiffage descarta cualquier negociación y remite al dictamen de la justicia

París, 14 ene (EFECOM).- La dirección de Eiffage descartó hoy cualquier negociación en el contencioso con su primer accionista, el español Sacyr y, ante la propuesta de los accionistas minoritarios, que apuestan por evitar los procedimientos judiciales, remitió el asunto al dictamen de los tribunales.

"No hay posibilidad de negociación", subrayó a Efe un portavoz de Eiffage, que insistió en que "la justicia debe pronunciarse".

El portavoz recordó que el próximo 5 de febrero el Tribunal de Apelación de París celebrará una audiencia sobre el recurso de Sacyr contra la invalidación en junio, por parte de la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF), de su opa sobre Eiffage, y que unas semanas después habrá una sentencia.

Desautorizó la propuesta lanzada a Sacyr por la presidenta de la Asociación de Accionistas Minoritarios (ADAM), Colette Neuville, que sugiere al grupo español que retire su recurso judicial contra la AMF y lance otra opa sobre Eiffage a 90 euros por acción.

Ese precio es muy inferior al máximo de 127 euros alcanzado semanas antes de la primera oferta de Sacyr, en abril del pasado año. Hoy, los títulos de Eiffage llegaron a subir más del 10% por encima de los 64 euros en la Bolsa de París tras conocerse las intenciones de la ADAM, y a las 17.00 locales avanzaban un 8,37% hasta 62,89 euros.

"No le corresponde a la ADAM" resolver el contencioso, insistió el portavoz, que indicó que la asociación de minoritarios "no nos ha sometido nada".

La dirección de Eiffage controla, de forma más o menos directa, cerca del 30% del capital de la compañía, y está frontalmente enfrentada con Sacyr (que tiene un 33,2%) y con otros 89 accionistas españoles que tienen cerca de un 20% suplementario y a los que acusa de haber actuado de concierto con el grupo de Luis de Rivero.

La AMF, en su dictamen que invalidaba la primera oferta de Sacyr, consideró que la empresa española estaba de concierto con al menos seis de los otros 89 accionistas españoles, y le obligaba a otra opa a un precio que debía ser al menos tan elevado como el que habían pagado otros accionistas, lo que entonces se entendió como los citados 127 euros. EFECOM

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