Madrid, 28 dic (EFECOM).- El consejo de ministros aprobó hoy el plan de desarrollo de la ley para el acceso electrónico a los servicios públicos, que garantiza que antes del 31 de diciembre de 2009 los ciudadanos podrán acceder electrónicamente a los más de 2.500 trámites administrativos existentes.
La norma establece cuatro líneas de actuación y 21 medidas para conseguir este objetivo y garantiza la elección por los ciudadanos del canal con el que se relacionen con la administración, que no tengan que aportar datos que ya estén en poder de la administración, que puedan conocer por Internet el estado de sus trámites y obtener copias electrónicas de documentos oficiales.
Además garantiza que las administraciones operen y se intercambien datos entre ellas.
Favorece que las administraciones sean las encargadas de avisar a los ciudadanos de determinados trámites y que éstos acepten o modifiquen el documento.
Las cuatro líneas del plan buscan orientar los servicios públicos hacia los ciudadanos, adecuar los procedimientos administrativos a la ley para que estén accesibles electrónicamente en 2010, crear, potenciar y compartir infraestructuras y servicios comunes para las administraciones, y una serie de actuaciones que permitan cubrir las expectativas de los ciudadanos.
Entre estas últimas actuaciones, se prevé la creación de un Esquema Nacional de Interoperabilidad que comprenderá el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones para que sean tenidas en cuenta al tomar decisiones sobre tecnología.
También contempla un plan de formación para los empleados públicos, crear una estructura de gestión y seguimiento del plan, un Centro de Transferencia Tecnológica y mantener un Observatorio de Administración Electrónica.
En este consejo de ministros también se presentó un informe sobre las medidas que se han tomado ya para la mejora de la atención al ciudadano que permitirán eliminar las colas en las oficinas de atención al público, hacer más cómoda la tramitación de sus gestiones a los ciudadanos y disminuir los plazos de gestión de los procedimientos, lo que supone una mejora de la calidad de los servicios públicos.EFECOM
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