Tripartito mantiene el alquiler forzoso pero introduce más garantías legales

Barcelona, 14 dic (EFECOM).- Las enmiendas a la ley del derecho a la vivienda elaboradas por los grupos de PSC, ERC e ICV-EUiA para cumplir las recomendaciones del Consejo Consultivo mantienen la figura del alquiler forzoso, pero introducen algunos cambios para que la aplicación de esta medida cuente con más garantías legales.

En rueda de prensa, la diputada de ICV-EUiA Dolors Clavell ha subrayado que estos grupos han "cumplido estrictamente" las recomendaciones de este organismo, que declaró "inconstitucional" el artículo referente al alquiler forzoso.

En primer lugar, la nueva ley, que se aprobará en el pleno de la semana que viene, dirá que la Generalitat "ha de aprobar programas de inspección" que permitan determinar qué viviendas se hayan desocupadas sin justificación en zonas con "demanda residencial fuerte y acreditada".

En segundo lugar, los grupos de PSC, ERC e ICV-EUiA han introducido una enmienda para dejar claro que, en el proceso para declarar que una vivienda incumple su función social, el afectado tendrá la oportunidad de decir la suya.

Clavell ha explicado que, aunque el redactado inicial ya lo dejaba bastante claro, se ha precisado que se abrirá un "expediente contradictorio", lo que supone que el afectado "podrá hacer alegaciones".

Sin embargo, el redactado del polémico artículo del alquiler forzoso es muy similar al actual, puesto que sigue diciendo que una vez agotadas las medidas para fomentar que se incorporen al mercado de alquiler las viviendas vacías, "la administración puede proceder a la declaración de incumplimiento social de la propiedad y acordar el alquiler forzoso de la vivienda".

En sintonía con el anterior redactado, el nuevo dice que en ese acuerdo para declarar que la vivienda incumple su función social "también se ha de advertir que, una vez transcurridos dos años desde su notificación sin que se haya corregido la situación de desocupación (...), la administración puede expropiar el usufructo de la vivienda -no la vivienda como tal-, por un período no superior a cinco años, para alquilarla a terceros".

Otro cambio relevante es que se han incorporado a la ley -en concreto al artículo 12- una relación de criterios genéricos que determinarán en qué zonas se puede aplicar la polémica medida.

En concreto, se deberá tener en cuenta "la proporción de personas inscritas en el registro de solicitantes de vivienda con protección oficial y el número de viviendas disponibles y/o el suelo urbanizable disponible, la densidad demográfica de la zona, la necesidad de vivienda derivada de su situación geográfica o económica y los precios de alquiler de ésta".

"En estas áreas se tendrán que establecer programas de inspección de los edificios residenciales para detectar las situaciones de vivienda desocupada, y establecer censos de posibles propiedades afectadas por las medidas" del polémico artículo, dice también la enmienda añadida a este artículo.

A pesar de los criterios genéricos, será el plan territorial sectorial de la vivienda el que deberá finalmente determinar en qué áreas del territorio con una "demanda residencial fuerte y acreditada" se puede aplicar el alquiler forzoso.

Preguntado por la voluntad del PP de remitir la ley al Tribunal Constitucional si se mantiene el alquiler forzoso, ha asegurado que la ley seguirá su camino y se aplicará "a no ser que haya una eventual suspensión específica".

Asimismo, Clavell ha asegurado en varias ocasiones que el dictamen del Consejo Consultivo se interpretó de forma "desviada" puesto que, a su entender, este organismo no declaró inconstitucional la medida del alquiler forzoso.

Ha comentado que con estas medidas se elimina cualquier duda sobre la aplicación discrecional del alquiler forzoso, y ha celebrado que en el próximo pleno culmine el "duro" proceso de aprobación de esta ley. EFECOM

jd/rq/prb