Madrid, 12 dic (EFECOM).- Las defensas de los dos empleados de La Caixa acusados en el juicio de Gescartera descargaron hoy la posible culpa de Alfonso Castro y Miguel Prats, como "cómplices" de apropiación indebida y falsedad documental, en la CNMV pues tuvo suficientes datos en 1999 para parar el "engaño" de este escándalo.
Ante el tribunal de la Audiencia Nacional, en su informe final de defensa el abogado German Guillén afirmó que a los antiguos subdirector y director de la sucursal de La Caixa en Majadahonda (Madrid) las acusaciones les achacan "la carga de la responsabilidad penal por solvencia", al ser trabajadores de esta entidad financiera, señalada por el fiscal para hacer frente a la responsabilidad civil subsidiaria.
Tanto Guillén, que defiende al subdirector Alfonso Castro, como Ramón Ayala, en representación de Miguel Prats, coincidieron en señalar que los empleados de La Caixa fueron tan "engañados" como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pues, hoy, en 2007, "sabemos muchísimo", pero en 1999 "la cara externa de Gescartera era la de una sociedad que funcionaba perfectamente".
El letrado German Guillén preguntó si este "engaño" fue cometido por La Caixa o los miembros del Consejo de la CNMV, "porque era una evidencia que había partidarios de intervenir y otros no partidarios de intervenir" la sociedad de gestión de carteras (SGC) en abril de 1999, dos años y medio antes de la intervención de junio de 2001.
"Desde La Caixa no se ha engañado a la CNMV" pues, a juicio de los abogados defensores, "lo que ha ocurrido es porque se ha querido desde la CNMV". "No busquen en La Caixa, busquen en la CNMV", añadió Germán Guillén.
El letrado dirigió sus ataques al jefe de la Unidad de Vigilancia de Mercados (UVM) Antonio Botella, que paralizó a lo largo de 1999 el expediente contra Gescartera al recibir varios certificados de La Caixa, y a los miembros del Consejo de la CNMV que votaron -según él- en contra de la intervención de Gescartera.
Por su parte, el letrado Ramón Ayala dijo que los trabajadores de La Caixa, para los que se piden tres años de cárcel, han sido acusados por la única razón de llevar "de segundo apellido" el nombre de la entidad bancaria catalana.
Explicó que al no existir el móvil de intento de lucro en las colaboraciones con Gescartera por parte de los dos trabajadores de La Caixa, que actualmente siguen trabajando en esa empresa, quedaban muy pocas posibilidades de que existiera el delito por lo que les acusa.
Para los letrados de Castro y Prats, Gescartera era un cliente más de su oficina, aceptado por los superiores de la entidad, y a la que precisamente anteriormente se le había denegado una línea de crédito, mientras que al principal imputado del caso, Antonio Camacho, se le había denegado una hipoteca para una vivienda propia.
Los responsables de Gescartera utilizaron dos certificados extendidos por La Caixa: en noviembre de 1999, uno de haber recibido tres cheques por un importe de 3.949.590.428 pesetas (23,73 millones de euros), y, en diciembre de 1999, otro documento que acreditaba que, en la cuenta de Gescartera denominada "Clientes Liquidación Internacional" había 3.929.212.638 pesetas (23,61 millones de euros) de los clientes.
El Ministerio Público ha pedido la responsabilidad civil subsidiaria para La Caixa y Caja Madrid Bolsa, por lo que, de sentenciarse así, esas entidades estarían obligadas a pagar a los ex clientes de Gescartera el dinero que no puedan reunir los responsables civiles directos de la presunta apropiación indebida. EFECOM
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