Gescartera.- La Fiscalía fija la responsabilidad de 'La Caixa' en 27 millones y no determina la de Caja Madrid Bolsa

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El Ministerio Fiscal reiteró hoy durante la exposición de su informe de calificación en el juicio oral la responsabilidad civil subsidiaria de 'La Caixa' y de Caja Madrid Bolsa. El fiscal fijó la cifra a reclamar a la entidad catalana en 27,04 millones de euros por la participación directa de dos de sus empleados y legó al tribunal la determinación de la cantidad a desembolsa por la caja madrileña.

Esta distinción se debe a la diferenciación de la participación de ambas en el fraude de Gescartera, que dejó un desfase patrimonial de 50,2 millones de euros. En el caso de 'La Caixa', el fiscal se acoge a la participación de los empleados de la sucursal de Majadahonda, imputados en la causa, Miguel Prats y José Alfonso Castro, así como a la responsabilidad de la entidad de controlar su actividad.

Según explicó el fiscal, Vicente González Mota, estos empleados "permitieron" a los responsables de Gescartera operar a través de cuentas globales con los fondos de los clientes y "colaboraron" en la falsificación de la documentación que la agencia de valores entregó ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para justificar la presencia del dinero.

En cuanto a la actuación de Caja Madrid Bolsa, el fiscal concluyó que con su actuación provocó una "ingerencia en perjuicio de terceros sin la colaboración de personas concretas", razón por la que tiene la obligación de "indemnizar". La jurisprudencia del Tribunal Supremo no obliga a fijar dicha cantidad, explicó.

El fiscal explicó que el contrato de subcustodia de valores que Gescartera firmó en noviembre de 1999 con Caja Madrid Bolsa es "la prueba de lo que pasó". Según relató González Mota, en dicho contrato se pasó por alto la Orden Ministerial de octubre de 1999 que obligaba a la entidad a abrir cuentas individuales por cada cliente y la operativa se realizó a través de un única cuenta corriente donde se volcaban todos los fondos.

En conclusión, el fiscal pidió al tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que determine si la cantidad a indemnizatoria se deben contabilizar a partir de los de 50,2 millones de euros de desfase patrimonial o si se deberán devolver las inversiones más las rentabilidades reconocidas por los clientes a 30 de junio de 2001 y que alcanzan alrededor de los 90 millones de euros.

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