Alicante, 11 dic (EFECOM).- La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la Federación Central de Consumidores de la Comunitat Valenciana por el que reclama al Estado que asuma su "responsabilidad patrimonial" en la estafa de Fórum Filatélico.
Según informó hoy la citada federacion, en un escrito remitido por la Audiencia Nacional a esta entidad de consumidores, el órgano judicial solicita al Ministerio de Economía y Hacienda que en un plazo "improrrogable de veinte días" le remita el expediente administrativo referido a este contencioso.
El presidente de este colectivo, Carlos Ruiz, ha indicado que es "la primera vez" que la Audiencia Nacional admite a trámite una reclamación patrimonial contra el Estado por la estafa de Fórum Filatélico, que se llevará a cabo por la sala de lo contencioso administrativo.
Actualmente, la Audiencia Nacional tramita una querella criminal contra los antiguos gestores de Fórum Filatélico por los delitos de estafa, blanqueo, administración desleal e insolvencia punible.
También, durante este año, varias organizaciones de consumidores y particulares en representación de 250.000 clientes de Fórum y Afinsa -más de la mitad de los 460.000 afectados- presentaron varias demandas de responsabilidad patrimonial contra el Estado, que decidió aplazar su respuesta hasta finales de marzo de 2008.
Según el presidente de la Federación Central de Consumidores, organismo autonómico que representa a unos 1.500 afectados por el citado fraude económico en la provincia, si la Audiencia Nacional no sigue adelante con este proceso, por el camino contencioso-administrativo, agotarán "todas las vías disponibles, incluido el Tribunal de Estrasburgo".
Ruiz ha explicado que en los próximos días iniciará una ronda de contactos para reunirse con el president de la Generalitat, el delegado del Gobierno y los subdelegados de Alicante y Castellón para conocer "el apoyo de estas autoridades a los afectados por la estafa de Fórum Filatélico".
Los consumidores acusan al Ministerio de Economía y Hacienda de un delito de omisión en su función de control y supervisión de las actividades económicas de consumo, así como de falta de diligencia a la hora de adoptar medidas tendentes a proteger a los ahorradores y de la ausencia de una regulación específica para el sector. EFECOM
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