Madrid, 7 dic (EFECOM).- La fuerte entrada de trabajadores inmigrantes a cotizar en la Seguridad Social no alterará la trayectoria prevista a largo plazo de la tasa de dependencia, según un estudio de la aseguradora Caser.
Según esa compañía, las entradas de inmigrantes se concentra en el grupo comprendido entre los 20 y los 40 años, un segmento de población que, al envejecer, también tendrá derecho a cobrar su pensión de jubilación.
Por tanto, Caser concluye que la solución de los inmigrantes al problema del envejecimiento de la población española es transitoria, ya que en el año 2020 la mayor parte de la población estará en el grupo comprendido entre 40 y 50 años, y en 2030, en el conjunto de edad de 50 a 60 años.
La entrada masiva en los últimos años de inmigrantes, que ya superan el 10 por ciento de cotizantes (dos millones frente a 400.000 hace 10 años), ha supuesto un fuerte revulsivo para la economía española, puesto que ha impulsado las afiliaciones a la seguridad social y mejorado las arcas del sistema.
Pese a ello, Caser no cree que esa situación vaya a solucionar problemas a medio o largo plazo (a 15 años vista) como los derivados del envejecimiento de la población.
La aseguradora acaba de publicar el libro "111 preguntas sobre planes de pensiones individuales", en el que explica que la actual situación financiera de la seguridad social española no es sólo consecuencia del progresivo envejecimiento de la población sino también del incremento de las pensiones medias y de su "inadecuado sistema de financiación".
Para Caser, la solución está en un sistema de capitalización privado complementario al sistema público de pensiones.
El director de particulares de vida y pensiones de Caser, Manuel Álvarez, cada vez más los ciudadanos contratan planes y fondos de pensiones "convencidos de que la seguridad social mantiene una situación que no es sostenible en el futuro".
El libro también afirma que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social alcanzará los 52.000 millones de euros en 2008 -el Gobierno espera llegar a 50.000 millones en marzo- y considera que lo razonable, comparado con otros países desarrollados, sería alcanzar los 125.000 millones para asegurar dos años de pensiones sin financiación adicional. EFECOM
ocr/jlm
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