Economía/Empresas.- El Gobierno autoriza el acuerdo con Libia para la promoción y protección recíproca de inversiones

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros autorizó hoy la firma del acuerdo entre España y Libia para la promoción y protección recíproca de inversiones, cuyo objetivo es "la cooperación económica entre los dos países y crear unas condiciones favorables para las inversiones realizadas por inversores de cada uno de los países en el territorio del otro", según informó Moncloa.

El acuerdo garantiza a los inversores la libre transferencia, sin demora, en moneda libremente convertible y al tipo de cambio aplicable en la fecha de la operación, de todos los pagos relacionados con sus inversiones.

Establece, asimismo, que cada país concederá a las inversiones efectuadas por inversores del otro un tratamiento no menos favorable que el otorgado a las inversiones realizadas por sus propios inversores o por los de cualquier tercer Estado y determina el procedimiento a seguir para solución de controversias.

El acuerdo establece también que las inversiones no serán sometidas a expropiación, salvo por causa de utilidad pública, con arreglo al procedimiento legal, de manera no discriminatoria y mediante el pago de una indemnización rápida, adecuada y efectiva. Asimismo, contempla el tratamiento que debe aplicarse, a título de compensación, en caso de pérdidas debidas a conflictos armadas, disturbios o acontecimientos similares.

Las inversiones cubiertas por el acuerdo son, aunque no de forma exclusiva, las correspondientes a propiedad de bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales tales como hipotecas, gravámenes, prendas y derechos similares; las participaciones, acciones y obligaciones de una sociedad o cualquier otra forma de participación en una sociedad o empresa comercial; o el derecho a aportaciones monetarias o a cualquier otro tipo de prestación contractual que tenga valor económico y esté relacionada con una inversión.

También cubre las inversiones relacionadas con derechos de propiedad intelectual, procesos y conocimientos técnicos y fondo de comercio, y los derechos para emprender actividades económicas y comerciales otorgados por la ley o en virtud de un contrato, incluidas las concesiones para la prospección, cultivo, extracción o explotación de recursos naturales.

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