La Comisión Europea prepara una nuevo impuesto que se aplicará a partir de 2013 para gravar los productos energéticos (carburantes, gas, electricidad), pero la propuesta incluye algunos puntos que han hecho saltar las alarmas en los cuarteles generales de la patronal CEOE.
A la decisión de eliminar el gasóleo profesional se suma un nuevo mazazo para los empresarios españoles por la intención del Gobierno de añadir a la cantidad que pagará el resto de Europa, un recargo de hasta un 15% destinado a financiar a las autonomías.
El Grupo de Trabajo de Fiscalidad Ambiental de la patronal ha enviado este mismo mes a su homóloga europea, Bussiness Europe, un informe en el que destaca los principales inconvenientes de esta propuesta de directiva.
Según indica CEOE en el informe al que ha tenido acceso elEconomista, esta medida ha sido expresamente solicitada por España y carga contra la Comisión al considerar que "es sorprendente y absolutamente rechazable que la Comisión haya transigido en establecer este recargo del 15%". En opinión de la patronal, parece una clara vulneración del principio de subsidiariedad que la Unión Europea establezca los niveles de imposición en el ámbito de un Estado por encima de los mínimos establecidos en la Directiva y añade que en ningún caso debe ser Bruselas quien decida cómo deben financiarse las regiones.
CEOE considera que la Comisión Europea debería explicar en qué medida la estructura administrativa de un Estado influye en la contaminación emitida para llegar a proponer un incremento como éste; ya que es evidente que se está procediendo a una discriminación de España y Francia -que también podrá aplicar este recargo- en el marco tributario europeo, en base a una estructura territorial, lo cual resulta "absolutamente inaceptable" para la organización patronal que preside Joan Rosell.
Para CEOE sorprende que la Comisión, en un impuesto armonizado, propicie medidas que perjudican a unas empresas frente a otras, por el mero hecho de su localización geográfica.
La Comisión trata de poner a resguardo a los operadores económicos comunitarios situados fuera de España o Francia, impidiendo que, en el caso de irregularidades en la circulación intracomunitaria, el expedidor, situado en otro Estado miembro, sufra las consecuencias de la regionalización.
El mantenimiento de esta discriminación mediante la vulneración del principio de subsidiariedad constituye una evidente distorsión del mercado europeo y, a su vez, un peligroso precedente para todos aquellos Estados miembros que están reconsiderando su organización administrativa.
Los Estados miembros son quienes deben decidir, cumpliendo los mínimos de imposición establecidos en la Directiva, si ceden recaudación, o no, a las autoridades regionales sobre estos tributos. La Comisión debe fomentar el funcio- namiento del Mercado Interior y no propiciar la discriminación de unas empresas frente a otras.
CEOE considera que esta iniciativa de Bruselas supone una grave amenaza para el conjunto de la economía europea por la merma de competencia que supondrá para los productos europeos por este aumento de la presión fiscal y por ese motivo rechaza el alza sin justificación de la tributación general energética en 2013, 2015 y 2018.
Por este motivo, la patronal pide que se realice un estudio de impacto realista para diseñar el marco de imposición energética. Los sectores de transporte, agricultura y, en general, las actividades que están excluidas del régimen de comercio de derechos de emisión consideran que no es justo, ni equitativo el establecimiento de un nuevo tramo de impuesto a la energía basado en las emisiones de CO2 porque el coste no es recuperable, ni en la mayoría de casos trasladable a los consumidores.
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