La Comisión Europea está discutiendo una propuesta de Directiva europea sobre la tributación de los productos energéticos que trae malas noticias tanto para las empresas de transporte de mercancías como de pasajeros.
Bruselas ha decidido eliminar el llamado gasóleo profesional. El Ejecutivo comunitario retirará la potestad de los estados miembros para poder diferenciar la imposición del uso profesional del gasóleo a partir de enero de 2013, es decir, que elimina la posibilidad de recibir devoluciones de la Agencia Tributaria por el consumo de este tipo de carburante.
El gasóleo profesional tributa en estos momentos alrededor de 84,1 euros por cada 1.000 litros frente a los 337,9 euros que se pagan por la misma cantidad de gasóleo para el uso particular o los 390 euros a los que puede llegar cuando se imponga el nuevo impuesto sobre el CO2 que prepara Bruselas para 2013.
Concretamente, en 2010 el nuevo importe de la devolución por parte de la Agencia Tributaria para todos aquellos transportistas inscritos en el Censo de Beneficiarios del Gasóleo Profesional, asciende a 0,29 euros por cada litro, según los datos de Fenadismer.
El gasóleo profesional devuelve el incremento que desde 2007 sufre el tipo impositivo aplicable al gasóleo para uso general en el Impuesto sobre Hidrocarburos y la parte de la cuota autonómica del Impuesto sobre Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos, en la cuantía que en su caso cada Comunidad Autónoma establezca.
Los beneficiarios del gasóleo profesional son todos aquellos que durante el primer trimestre del año se encuentren ejerciendo la actividad y hayan cumplimentado los trámites exigidos en el procedimiento de gestión tributaria. Todos ellos tienen derecho a la percepción de las devoluciones correspondientes a los suministros de gasóleo efectuados a partir de esa fecha, entre los que figuran camiones, taxis y autobuses, entre otros.
"Traba artificial" para el transporte
La eliminación a partir del 1 de enero de 2013 de la posibilidad de que los estados miembros diferencien entre el tratamiento fiscal para el uso profesional y no profesional del gasóleo como carburante resulta, en opinión de la patronal CEOE, una medida "claramente inflacionista para los productos europeos e introduce una traba artificial al transporte por carretera" para tratar de buscar un cambio en las vías de movimiento utilizadas, haciéndolo menos competitivo frente a otros modos de transporte.
Por ese motivo, CEOE en un informe elaborado para Business Europe -su homóloga europea- rechaza también que no se incluya, entre los supuestos de exención, el transporte por carretera de pasajeros y mercancías y considera que debería añadirse a las excepciones previstas como el trolebús, el tranvía, el metro y el ferrocarril para que no hubiese discriminaciones entre los medios que se utilicen ya que el espíritu de la directiva es equiparar la imposición de los diferentes usos de los combustibles.
Según la patronal española, el manteniemiento de esta opción es crucial ya que, a diferencia del vehículo privado, no hay casi ninguna posibilidad de que el sector del transporte traslade su demanda a otro tipo de carburante distinto del gasóleo.
La medida además afecta principalmente a España, al tratarse de un país periférico e introduce una traba al transporte por carretera haciéndolo menos competitivo frente a otros modos de transporte.
Asimismo, consideran que usuarios como la industria o la construcción pueden verse gravemente perjudicados con la medida, ya que son importantes usuarios de este tipo de servicios.
El sector de transporte por carretera está muy fragmentado con un alto grado de competencia, lo que hace muy difícil trasladar los incrementos de los costes a los servicios facturados.
Un impuesto sobre el consumo no debe gravar en la misma medida el uso del gasóleo como factor de producción de sus servicios que el consumo final.
La Directiva de fiscalidad de la energía comenzó a trabajarse en abril de 2009, tal y como adelantó en su momento elEconomista. Desde entonces ha sido revisada constantemente hasta llegar el pasado mes de abril a una propuesta definitiva que se tendrá que tramitar en el Parlamento Europeo y que permitirá a los Estados miembros utilizar de manera óptima la fiscalidad y, en última instancia, apoyar el "crecimiento sostenible".
Para ello, la Comsión propone que se divida el tipo mínimo de impuesto en dos partes: una se basaría en las emisiones de CO2 del producto energético y se fijará en 20 euros por tonelada de CO2, es decir, 10 euros menos de lo previsto en un principio. La otra se basaría en el contenido energético, esto es, en la energía real que genere el producto medida en gigajulios (GJ). El tipo mínimo de impuesto, por contra, se ha incrementado frente a los primeros borradores y se fijará en 9,6 euros/GJ en el caso de los combustibles de automoción y en 0,15 euros/GJ en el de los combustibles de calefacción.
En un primer momento, el borrador de directiva consideraba la posibilidad de mantener el gasóleo profesional, algo que finalmente se ha rechazado por parte de la Comisión Europea. La nueva directiva se aplicará, una vez entre en vigor, a todos los combustibles usados en el transporte y la calefacción.
Coches limpios
La Comisión Europea ha creado un sistema de créditos de CO2 del que se beneficiarán los fabricantes de coches que introduzcan nuevas tecnologías limpias que reduzcan las emisiones de los vehículos. Los créditos ayudarán a la industria a cumplir el objetivo de reducir las emisiones de CO2 de los coches nuevos a 130 gramos por kilómetro en 2015. Las tecnologías limpias innovadoras contarán hasta 7 gramos para este objetivo.
De acuerdo con la norma aprobada este lunes, una tecnología puede calificarse de ecoinnovadora si es nueva en el mercado, contribuye a una reducción importante del CO2.
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