Cepsa prendió la mecha y el conflicto le ha estallado en la cara. La petrolera despidió hace un par de semanas a más de un millar de empleados en Puerto Gaitán, en Colombia, tras su reclamación de pactar un convenio colectivo similar al de otras petroleras y ha terminado en una auténtica revuelta popular con más de 10.000 manifestantes y muchos de los pozos de producción de petróleo parados.
El municipio de Puerto Gaitán, la tercera zona petrolera colombiana, parece un fortín militar a tenor de los múltiples vídeos que han ido colgando en las últimas horas en Youtube algunos de los manifestantes, cuya única exigencia es tener unas condiciones de trabajo similares a las de las otras cinco petroleras que han suscrito convenios colectivos: la estatal Ecopetrol y las multinacionales Occidental Petroleum, Exxon Mobil, Texaco y Mansarovar Energy.
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Tarsicio Mora, explicó a Efe en Bogotá que los operarios fueron despedidos por haberse sindicalizado para exigir mejores condiciones laborales, salariales y sociales.
Por este motivo, añade, en solidaridad, unos 10.000 operarios petroleros de la región declararon ayer el cese de actividades, que se encuentran en una situación similar con la petrolera canadiense Pacific Rubiales Energy.
Mora denunció que en el campo Caracara, que opera Cepsa Colombia, los obreros debían aceptar tipos de contratación por períodos de incluso 28 días, que se renuevan tras una semana de descanso. En consecuencia, los empleados de los campos Jaguar, Cara Cara y Toro Sentado, se lanzaron a la calle tras la ruptura de las negociaciones que forzó el Gobierno este pasado lunes para tratar de pacificar la situación. El intento de acuerdo fue posible después de que la segunda petrolera en España aceptara admitir a una parte de los trabajadores después de una reunión que pactaron que se celebrara el próximo 3 de agosto.
Ruptura de negociaciones
Sin embargo, esos acercamientos, tal y como reconoce la propia vicepresidencia del país en un comunicado, se rompieron a última hora cuando el Gobierno exigió que antes de firmar un acuerdo se incluyera el levantamiento del paro de los contratistas de Rubiales, lo que hizo que los negociadores de los sindicatos -CUT y USO- se levantaran de la mesa.
Tras la revuelta, el Ejecutivo del país ha intentado calmar los ánimos, cada vez más caldeados, entre las petroleras y los agentes sociales, ya que la situación se ha complicado. Por el momento, se han producido al menos nueve heridos, seis policías (de gravedad) y tres manifestantes. Además hay daños en las infraestructuras y se han incendiado seis camionetas.
Las protestas, en las que participan obreros y lugareños, llevaron al Gobierno a desplazar a la zona un contingente de policías del llamado Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que arremetió con dureza contra los manifestantes e incluso llegaron a disparar bolas de goma en algunos casos.
"Los trabajadores están muy disconformes con la industria (del petróleo)", agregó Óscar Bolaños, el alcalde de Puerto Gaitán, población del departamento del Meta en el que está situado el Campo Rubiales, operado por Pacific Rubiales Energy, que ha cerrado el mayor campo de petróleo del país.
Este paro de las actividades ha llevado a la firma a perder 177.000 barriles de petróleo por día, de los que un 67 por ciento pertenecen a la estatal Ecopetrol y a las regalías del Estado colombiano, reveló la misma empresa.
El vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, ha asumido la mediación en esta crisis a pesar de las complicaciones por las protestas y por ello ha insistido en la necesidad de que cesen los altercados. Además, ha solicitado a las empresas contratistas que no tomen represalias contra trabajadores y sindicalistas en caso de que cesen las protestas. De hecho, el mismo forzó la liberación de 13 detenidos a principios de esta semana tras los tumultos del fin de semana anterior.
Cabe destacar que el Gobierno colombiano se ha posicionado a favor de estos trabajadores, ya que el propio Garzón cargó duramente el pasado domingo contra Cepsa , tal y como destacó elEconomista al asegurar que trataba a Colombia como una "república bananera" y a sus empleados como "esclavos".
Esta situación de crispación social se produce en momentos en que Colombia, el cuarto mayor productor latinoamericano de crudo, vive un auge en la industria petrolera por las mejores condiciones de seguridad y un aumento en su inversión extranjera directa destinada a ese sector.
A última hora de la tarde de ayer, las manifestaciones en Puerto Gaitán parecían remitir ante la decisión de las petroleras de volverse a sentar a negociar un convenio colectivo en la reunión que impulsó el Gobierno colombiano para el próximo 3 de agosto para intentar acabar con este enconado conflicto.
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