Colombia ha cargado duramente contra Cepsa y su empresa contratista Montajes JM tras la decisión de esta de despedir a 1.100 empleados.
La crispación social ha llegado al terreno político y a través de una nota oficial el Gobierno colombiano arremete sin tapujos contra la segunda petrolera en España, justo en un momento en el que la compañía busca reforzar sus operaciones en exploración y producción.
En concreto, el vicepresidente del país, Angelino Garzón, manifestó su preocupación por la actitud "indolente" de ambas empresas, que operan en Puerto Gaitán (Meta), con los trabajadores que iniciaron una protesta social en ese municipio y en los pozos petroleros Cara Sur, una de las principales zonas petroleras del país.
El Gobierno colombiano abrió ayer una negociación con los trabajadores para escuchar las exigencias de éstos, que se centran en el respeto por el derecho de asociación y negociación sindical, la restitución de más de 1.100 personas a quienes Montajes JM rescindió los contratos de trabajo. Entre las peticiones también se encuentra la apetura de la negociación del pliego de peticiones presentado por el sindicato USO, en el que piden especialmente la mejora de los salarios y la calidad de vida.
El problema se produce, según el Ejecutivo del país, cuando los trabajadores han comenzado a solicitar lo que recogía la legislación colombiana sobre los derechos de los asalariados. "Es ese momento cuando la empresa contratista toma una decisión porque hace años no se contemplaba el despido de 1.100 trabajadores", afirmó Garzón.
