El consejero delegado de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, ha reconocido hoy que se sacaron fondos de Carcesa para destinarlos a otras empresas del grupo, después de que ayer los administradores concursales informaran de que se han detectado salidas de dinero por las que la familia podría ser culpables de insolvencia.
Según explicó, la empresa destinó el importe que obtuvo con la hipoteca de activos de Carcesa a gestionar operaciones de otras empresas, ya que el holding "siempre ha tenido una caja única que genera flujos de tesorería entre todas las empresas para atender las distintas operaciones monetarias del grupo".
"Las empresas grandes, como es el caso de Nueva Rumasa, suelen tener una tesorería única que aglutina el dinero de sus filiales y lo reparte en función de las necesidades puntuales de cada una y así lo hemos venido haciendo, al igual que lo hacen otros grupos empresariales", ha señalado el directivo.
Ruíz-Mateos añadió que gestionar la tesorería de todas las empresas a través de una caja única permitió "pagar sueldos en las fechas previstas, mantener el empleo e incluso incrementarlo, así como atender y dar ordenes de pagos y realizar adquisiciones".
Informe concursal
Ruiz-Mateos reaccionó de este modo al contenido del informe concursal de Carcesa, que detalla que en 2008 se hipotecaron activos de la empresa con el Banco Santander por valor de 30 millones de euros, de los que casi la mitad, alrededor de 14 millones, fueron transferidos al Banco Etcheverría y posteriormente retirados a través de disposiciones en efectivo.
Del resto de los 30 millones obtenidos con la hipoteca, 15 millones se destinaron a cancelar un préstamo de Clesa y más de 500.000 euros, a otros gastos. De este modo, Carcesa soportaba los intereses del préstamo sin beneficiarse de los fondos del contrato.
Según informaron a Europa Press en fuentes de la administración concursal, uno de los motivos que llevó a Carcesa a entrar en concurso de acreedores fue la falta de liquidez derivada de la salida de fondos de la empresa.
De hecho, los administradores concursales han apreciado indicios de culpabilidad de la familia Ruiz-Mateos en la insolvencia de la compañía, que fabrica marcas como Apis y Fruco, al detectar "salidas de efectivo" de esta empresa por un importe superior a los 50 millones de euros.
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