Lisboa, 29 nov (EFECOM).- Los sindicatos portugueses quieren que la huelga de la Administración Pública convocada mañana sea "histórica" y paralice, al contrario que otros paros recientes, la justicia, sanidad, educación y las empresas públicas y de servicios.
La coordinadora del Frente Común de Sindicatos de la Administración Pública, Ana Avoila, se mostró confiada del impacto del paro, después de que el presidente luso, Aníbal Cavaco Silva, enviase hoy al Tribunal Constitucional la criticada ley de carreras y remuneraciones en el sector estatal.
El paro fue convocado por el Frente Común de Sindicatos de la Administración Pública, el Frente Sindical de la Administración Pública (Fesap) y el Sindicato de los Técnicos del Estado (STE) en protesta por la medida del Gobierno socialista de José Sócrates y su propuesta de aumento salarial del 2,1 por ciento.
Avoila dijo a Efe que lamentaba que tuviera que ser el propio Jefe del Estado el que tomase esta decisión, después de que sindicatos y oposición manifestasen sus dudas sobre la constitucional de la ley.
La representante social denunció que el Gobierno socialista mantuvo su propuesta inicial del 2,1 por ciento de aumento salarial, alegando que era lo máximo que podía ofrecer para contener el gasto público, tras seis reuniones con los sindicatos y demostró una posición "arrogante" y "obstinada".
Los sindicatos alegan que los empleados del Estado no pueden ser los "chivos expiatorios" de la situación económica que vive el país.
El Ejecutivo lleva a cabo un programa de control presupuestario para asegurar el cumplimiento en 2008 del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) europeo y situar el déficit público por debajo de la meta del 3 por ciento.
Avoila explicó que los primeros efectos de la huelga deberán sentirse esta noche, con el inicio de los turnos de algunos servicios públicos, como la recogida de basuras.
La última huelga nacional de la administración convocada por las tres organizaciones del sector público se realizó en noviembre del año pasado, en protesta por la "intransigencia" del Gobierno socialista en las negociaciones sobre aumentos salariales, el mismo motivo que les ha llevado a plantear este nuevo paro.
La huelga de noviembre de 2006, que tuvo un seguimiento del 80 por ciento según los sindicatos y afectó especialmente a la sanidad, educación y servicios municipales, fue convocada contra el aumento salarial del 1,5 por ciento que el Gobierno decidió aplicar, a pesar de que la inflación prevista era del 2,1 por ciento. EFECOM
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