Auditores facturan 22 millones sector público al año y ven déficit municipios

Adeje (Tenerife), 22 nov (EFECOM).- Un estudio del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) revela que, el último año, hubo un centenar de concursos públicos para contratar servicios de auditores privados por 22 millones de euros, en su mayoría desde las autonomías pues existe un déficit por parte de los municipios.

Así lo indicó hoy, en el XVI Congreso Nacional de Auditoría, el presidente de la Comisión del Sector Público de ICJCE y socio de Faura-Casas, Daniel Faura, quien defendió el papel de los auditores privados para "mitigar" las oportunidades de que se cometan delitos de corrupción en las entidades públicas, pues en otras zonas del mundo, como los países anglosajones o los nórdicos las auditorías externas privadas son más frecuentes que en España.

Tanto en la administración del Estado, como en las comunidades autónomas y entidades locales lo más habitual es centrar los esfuerzos en el control interno previo (Intervención General del Estado) y el repaso posterior (Tribunal de Cuentas), aunque, durante el último año, según Faura, se está avanzando en auditorías externas privadas como requisito para optar a subvenciones europeas (fondos Feder y Feoga) o como decisión de los gobiernos, como el caso de la Generalitat valenciana, que ya contrató a auditores privados.

Según el estudio presentado hoy, casi la mitad de los concursos contratados por 22 millones de euros, desde octubre de 2006 a octubre de 2007, corresponde a órganos de control interno de las Comunidades Autónomas, mientras que las entidades locales constituyen "el gran ausente".

Aún así, a estos 22 millones de euros, para poder determinar la cifra total contratada por el sector público a los auditores privados, habría que añadir los importes contratados por el procedimiento negociado (contratos inferiores a 30.000 euros) y los correspondientes a contratos menores (inferiores a 12.000 euros) de los que no existe registro público disponible.

De cualquier manera, Daniel Faura afirmó que la contratación de los auditores privados en el sector público se ha ido incrementando en los últimos años "alcanzando actualmente unos niveles de actividad y facturación respetables".

Estas contrataciones provienen en su mayor parte de los órganos de Control Interno y de los propios gestores públicos, "siendo de poca relevancia la convocatoria de concursos públicos por parte de los órganos de control externo para asistirles en sus responsabilidades y funciones de fiscalización".

Casi la mitad de los concursos convocados, el 47 por ciento, corresponde a los órganos de control interno de las Comunidades Autónomas, el 29 por ciento pertenecen a empresas de capital público y tan sólo el 13 por ciento y el 11 por ciento a entidades locales y ministerios.

A los controles financieros sobre fondos públicos se destina el 60 por ciento del valor económico de estos contratos, mientras que el 40 por ciento se refiere a trabajos de auditoría de cuentas anuales, fundamentalmente de empresas públicas.

Sobre las cuentas de las 12.936 entidades locales en España, Faura indicó que, según el Tribunal de Cuentas, uno de cada tres ayuntamientos españoles no presenta sus cuentas en el Registro Mercantil, incumpliendo así con las exigencias de transparencia y control de sus finanzas.

"Además, la gran mayoría de 2.000 empresas públicas que existen en España no disponen de una opinión externa de sus cuentas", agregó Daniel Faura, para quien faltan recursos y financiación en las entidades locales para llevar bien sus cuentas.

En cuanto a Comunidades Autónomas, Faura destacó que Canarias es la primera en rendir cuentas en plazo (con el 99 por ciento de los ayuntamientos), mientras que la Comunidad de Madrid es la última (sólo 30 por ciento de los municipios), con datos del Tribunal de Cuentas sobre el año 2002. EFECOM

dsp/mdo

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