El Gobierno considera que no se dan los supuestos legales de utilidad pública e interés social para proceder a la expropiación de empresas de Nueva Rumasa y cree que no cabe establecer un "paralelismo" con el proceso iniciado en 1983 sobre Rumasa, que se efectuó en aras de "la defensa de la estabilidad del sistema financiero".
"Obviamente esta justificación no puede aducirse en este caso", señala el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria al diputado de IU Gaspar Llamazares, quien interrogaba al Gobierno acerca de la situación de la empresa extremeña Carcesa, perteneciente al grupo propiedad de la familia Ruiz-Mateos.
En este sentido, el Gobierno recalca que "no se ha evaluado" la posibilidad de gestionar esta empresa con instrumentos del sector público estatal.
Se descarta intervenirla
Tampoco se ha planteado la opción de intervenirla y designar un administrador para garantizar su continuidad, pues al estar incursa la compañía en un proceso concursal, "las decisiones las debe adoptar el juez".
Por último, y ante la sugerencia de Llamazares de adjudicar la gestión de la empresa a los propios trabajadores, el Ejecutivo recalca que la adjudicación sólo sería posible si la Administración General del Estado se convierte en titular de la sociedad, "hipótesis que no se considera".
La semana pasada, Nueva Rumasa presentó en los juzgados de Palencia el concurso voluntario de acreedores, antigua suspensión de pagos, para la empresa de chocolates Trapa, que tiene una plantilla de unos 85 trabajadores.
De este modo, se elevan a 15 las empresas de la familia Ruiz-Mateos que han solicitado concurso, un procedimiento que ya ha sido admitido a trámite en once de las compañías.
Querella por estafa
Un grupo de unos 60 titulares de pagarés de Nueva Rumasa, asesorados por el despacho Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados, ha presentado este lunes ante la Audiencia Nacional una querella contra el fundador del grupo, José María Ruiz-Mateos, sus seis hijos varones y siete sociedades propiedad de la familia por los presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, administración desleal y delito contra los intereses de los consumidores.
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