Madrid, 15 oct (EFECOM).- El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidió, en abril de 1999, no intervenir Gescartera por no tener "certeza" del "desfase" patrimonial de 4.500 millones de pesetas que habían detectado y por las respuestas de los clientes, en apoyo de las excusas de los responsables de la entidad.
Así lo indicaron hoy varios testigos relacionados con el organismo supervisor, que prestaron declaración en la undécima sesión del juicio oral por este escándalo financiero, durante la que quedaron patente, además de los métodos utilizados por Gescartera para burlar la supervisión, la división en el seno del consejo para intervenir la agencia de valores dos años antes de cuando realmente se efectuó.
Gescartera estuvo bajo sospecha desde el año 1997 cuando, según el supervisor Luis Peigneux, se hallaron prácticas anómalas como la existencia de 99 clientes con patrimonio cero que, sin embargo, figuraban en la contabilidad con una inversión superior a los 3.700 millones de pesetas (22,23 millones de euros).
También tanto Peigneux como el director de supervisión, David Vives, cotejaron con los clientes el saldo de los clientes y, después de hacer una consulta a diez clientes -entre los que figuraba el Arzobispado de Valladolid-, se dieron cuenta de que Gescartera daba inversiones por 5.600 millones de pesetas (33,65 millones de euros) mientras que en los bancos sólo había 1.000 millones de pesetas (6 millones de euros).
Por lo tanto, había un "descuadre" de 4.000 millones de pesetas del que, según el consejero José Antonio Barberán, no se derivó la "certeza" necesaria para intervenir Gescartera, ya que las explicaciones de los clientes, a pesar de ser "vaguedades" -a juicio de Peigneux-, coincidían con varias excusas de Antonio Camacho o José María Ruiz de la Serna, como que el dinero estaba en el extranjero o había diferentes aportaciones.
La técnica de los apoderados de Gescartera, según Barberán, consistía en decir que había dos tipos diferentes de cuentas, "unas con capacidad y otras sin capacidad de disposición", para intentar engañar a la CNMV y "operar por encima del saldo de los clientes", hecho "prohibido" por el regulador.
Bajo esta estrategia, por ejemplo, el ecónomo del Arzobispado de Valladolid Enrique Peralta comunicó, finalmente, a la CNMV, como consta en documentos que obran en el sumario, que "el saldo en gestión ascendía a 1.105 millones de pesetas desglosado en 1.075 millones como cuenta comprometida en gestión y 30.831.379 pesetas en una cuenta de liquidación", cuando sólo se habían aportado 30 millones.
Con todo este trabajo de investigación, en el consejo de la CNMV en abril de 1999, los consejeros Pilar Valiente -posteriormente presidenta del organismo-, Luis Ramallo y José María Roldán votaron en contra de la intervención, mientras que el presidente Juan Fernández Armesto y Barberán se manifestaron a favor.
Definitiva, según los testigos, fue la pregunta del subgobernador del Banco de España, Miguel Martín, sobre si había "certeza" del agujero patrimonial, condición necesaria para intervenir en Gescartera, según expuso el secretario del Consejo en aquella época, Antonio Alonso Ureba, quien mantuvo hoy que no se discutió de la intervención sino de "medidas cautelares".
El papel de la asesoría jurídica de la CNMV fue cuestionado también por Luis Peigneux, ya que evitó realizar una segunda "circularización" de clientes para cerciorarse del agujero patrimonial, y un nuevo requerimiento de información a Bankinter, quien protestó a la CNMV, al igual que Antonio Camacho, por las inspecciones de Peigneux.
Precisamente, el subdirector de supervisión decidió dejar la investigación a la agencia de valores y fue relevado, al frente de ella, por el jefe de la Unidad de Vigilancia de Mercados (UVM), Antonio Botella, que declarará mañana como testigo.
Botella, finalmente, tras la presentación de varios certificados "inveraces" de bancos como el HSBC y La Caixa sobre la constitución de una SICAV en Luxemburgo donde estará el dinero de los clientes (unos 4.000 millones de clientes), continúa inspeccionando a Gescartera hasta que, en junio de 2001, se decide su intervención, con un agujero patrimonial de 50 millones de euros. EFECOM
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