La situación en la que se encuentran los hoteles de Nueva Rumasa, con los que la compañía pretendía reflotar su grupo, está envuelta en un mar de dudas e incertidumbres.
De hecho, según informaron a elEconomista fuentes del sector, la dudosa situación jurídico social de Hotasa y la cercanía del concurso de acreedores (todos los hoteles están en situación de preconcurso) ha llevado a Christie+Co a paralizar la venta de la división hotelera. La consultora, que empezó a negociar con el holding de la abeja la venta de los inmuebles el pasado verano, está analizando la situación legal de todos los activos para ver si es posible ejecutar la operación, ya que no está muy claro a quién pertenecen los hoteles.
La familia Ruiz-Mateos se hizo con una gran parte de los establecimientos entre 2008 y 2009, en plena crisis inmobiliaria, cuando pasó de 10 a 19 hoteles y de 2.192 a 4.834 habitaciones.
Nueva Rumasa utilizó dos vías para llevar a cabo estas adquisiciones: O bien hipotecaba el 100 por cien del inmueble y avalaba el préstamo con propiedades que ya estaban garantizando otros créditos o bien la operación era financiada por el vendedor. En este caso el holding se hacía con la gestión del hotel y pagaba anualmente el 10 por ciento del mismo con pagarés, con la condición de que en cuanto no pagara un plazo el inmueble volvía a las manos de su propietario. Este mecanismo lo utilizó en 2009 con la cadena H10, a la que le compró Taburiente Playa y Costa Salinas en Las Palmas. Debido a los impagos, H10 recuperó la propiedad y la gestión de los hoteles en enero.
En esta misma situación financiera se encuentra el Beverly Playa y algunos establecimiento de Cant Picafort (Mallorca) donde los antiguos propietarios (Stilo Hotels) ya se han quejado de la falta de pagos y aseguran que se les debe unos 23 millones.
Según fuentes del sector los compradores que se han interesado por los hoteles dudan de la propiedad de los mismos, ya que en su mayoría están hipotecados y sus acciones están pignoradas al haber sido utilizados como aval para otros créditos. En este sentido, los Ruiz-Mateos han avalado con el mismo hotel varias deudas.
El caso más claro de lo que denuncian desde el negocio hotelero está escenificado por el Hotel Semiramis de Tenerife y el Aparthotel Hotasa Sea Club.
Hipotecas
El primero de los inmuebles ha sido dado como garantía a Diageo para responder de una deuda de 3,1 millones. Sin embargo, sobre él también pesa, según el Registro de la Propiedad, un embargo de la Seguridad Social por un total de 69.699 euros de principal a los que hay que sumar 4.410 euros por intereses y costas y un recargo de apremio de 13.939 euros, según procedimiento de septiembre de 2010. Pero ahí no acaba todo.
El Hotel Semiramis también fue aportado como garantía a La Caixa, que hipotecó este activo por una deuda de 8,4 millones que en 2004 renovó por una deuda de 3,7 millones. Es precisamente esta última cantidad la que ha decidido reclamar judicialmente la entidad catalana. El hotel ha sido tasado para subasta en 20,4 millones.
Con respecto al Aparthotel Sea Club, situado en Ciudadela (Menorca), la situación se complica exponencialmente. Sobre el inmueble pesan ocho hipotecas. En este sentido, la entidad financiera balear Sa Nostra ha realizado cuatro hipotecas sobre el inmueble por aproximadamente 11,5 millones de euros. Sin embargo, al igual que en el caso anterior, son más las cargas que soporta el hotel. La finca también ha sido hipotecada por Banesto para responder de una deuda de 2,2 millones de euros.
Por su parte, las propietarias de este inmueble, Hotel Bergara 10 e Innovaciones Acadia Tres, que se encuentran en la órbita de los Ruiz-Mateos, han hipotecado esta finca a favor de las sociedades Flo, Saladam, Maresto y Surlago para garantizar las obligaciones aplazadas de pago contraídas por la sociedad Trocadero Ocio, participada a su vez por Hotel Bergara 10 y cuyo administrador único ocupó este mismo cargo en Clesa Helados, hoy desaparecida.
La deuda de Trocadero Ocio garantizada con este inmueble supera los diez millones y la finca fue tasada en 17 millones de euros. Lo curioso de este caso es que en el Registro de la Propiedad figura que las deudas de Trocadero habían sido saldadas, sin embargo, la cancelación no ha sido aceptada porque las sociedades no han cumplido con la Agencia Tributaria.
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