Fernando Arroyo León
Quito, 9 oct (EFECOM).- El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, ha encontrado en el petróleo el soporte financiero para afianzar su "revolución ciudadana", apuntalada por un masivo apoyo popular a la Asamblea Constituyente, que controlará sin adversarios de peso.
Su anuncio de dirigir al Estado casi la totalidad (el 99 por ciento) de los ingresos extraordinarios que obtienen las compañías petroleras extranjeras por la exportación del crudo ecuatoriano, espera que le reporte unos 800 millones de dólares anuales.
Esa decisión asustó a los abogados de las petroleras, que temen una "confiscación" de las ganancias de sus clientes, aunque las compañías han guardado silencio o dicho, en el caso de la española Repsol YPF, que la medida afectará mínimamente a sus cuentas.
"No se trata de ninguna confiscación", aclaró el jefe del Estado al replicar a los abogados, y remarcó que su decisión se basa en la ley que fijo, en el año 2006, un reparto mínimo de las ganancias extraordinarias en partes iguales, 50 por ciento para el Estado y la otra mitad para las compañías.
Además, Correa recordó que, según la Constitución del país, el petróleo es "un bien inalienable e imprescriptible" del Estado que, por necesidad y falta de financiación, ha recurrido a la inversión privada para explotarlo.
El ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, también ha ratificado que la medida no altera el valor del crudo fijado en los contratos de participación con las petroleras privadas.
Los contratos de participación, suscritos en la década pasada, establecen un precio base medio de 24 dólares por barril pero, según Chiriboga, con el valor actual del crudo nacional en 64 dólares, la diferencia beneficia en exceso a las operadoras.
Chiriboga también recordó que, si el precio del crudo hubiese bajado sobre la base, el Estado hubiera tenido que pagar una compensación a las petroleras.
El gobierno de Correa no piensa dar marcha atrás en su reforma y ha advertido de que, si las petroleras no aceptan su decisión, incluso les quitaría el 1 por ciento de ganancias adicionales que les confirió con la modificación de la ley.
Incluso esa posibilidad, según el Gobierno, no afectaría el negocio de las petroleras en el país, que seguirán obteniendo el rendimiento fijado en los contratos, aunque también en ese campo contractual prepara modificaciones.
El ministro Chiriboga espera reunirse con cinco compañías petroleras que tienen contratos de participación, para renegociar los convenios y, si lo aceptan, transformarlos en contratos de servicios.
Las concesionarias Repsol YPF, Petrobras, Andes Petroleum, Perenco y City Oriente no acudieron, el lunes, a una primera cita con Chiriboga para iniciar la renegociación de sus contratos.
Algunas fuentes cercanas a las petroleras, que han preferido no emitir pronunciamientos hasta que sus matrices en el extranjero les comuniquen disposiciones, señalaron a Efe que es posible que la reunión se concrete "próximamente".
El Gobierno de Quito cree que las petroleras aceptarán la renegociación y que también terminarán por asimilar la decisión sobre las ganancias extraordinarias.
No obstante, el Ejecutivo ha anunciado que también efectuará una auditoría de los procesos contractuales y precontractuales hechos en el pasado, para determinar los pormenores de esas negociaciones.
Según el jefe de la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH), José Sánchez, la auditoría estará lista en un máximo de 90 días, pero descartó que el estudio pueda llevar a una eventual caducidad de los convenios.
"No tenemos sospecha de nada, es sólo una auditoría", apuntó Sánchez, aunque dijo esperar que "los contratos estén bien negociados".
La estrategia petrolera de Correa, según el propio mandatario, es recuperar "la soberanía energética" de su país, perdida, según él, en anteriores administraciones, que se sometieron a las imposiciones de los agentes privados.
Con el beneficio que espera obtener del petróleo, Correa prevé mejorar los presupuestos para los sectores sociales, que le han dado todo su respaldo para que lleve adelante su "revolución ciudadana", aunque sus detractores piensen que esa "no es la mejor señal" para incentivar las inversiones extranjeras hacia el país. EFECOM
fa/cho/lgo
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