La Comisión Europea prevé adoptar el lunes próximo la decisión de denunciar a España y a Francia ante el Tribunal de Justicia de la UE, y solicitar la anulación por ilegales de las tasas que desde 2009 imponen a los grupos de telecomunicaciones que operan en sus territorios.
Tasas cuya recaudación contribuye a financiar a sus respectivos organismos públicos de radiotelevisión (RTVE en el caso español), tras haberse suprimido la publicidad de los mismos.
Bruselas expedientó a ambos estados en marzo de 2010 y ahora recurre a la Justicia comunitaria por la negativa a plegarse a su exigencia de eliminar los citados gravámenes. El Ejecutivo comunitario mantiene, como los operadores, que la legislación de la UE para impulsar la liberalización y la integración del mercado continental de telecos sólo permite que las tasas sobre las compañías sean específicas al sector, y se limiten a cubrir los costes de reglamentación.
Déficit
Así, muchas son las teleoperadoras que no han contribuido con el 0,9 por ciento de sus ingresos en la financiación de RTVE durante el pasado ejercicio, lo que ha hecho temblar las cuentas de la Corporación.
Como consecuencia, el organismo público cerrará previsiblemente 2010 con un déficit de más de 60 millones de euros, por lo que ha pedido al Gobierno que cumpla con la ley y asuma la cantidad necesaria hasta los 1.200 millones de presupuesto comprometidos para 2010.
Para evitar las posibles pérdidas, el consejo de administración de RTVE se reunió ayer de urgencia. Durante la reunión, el presidente Alberto Oliart valoró incluso la venta del último año de contrato del Mundial de Motos para equilibrar el ejercicio, aunque la propuesta fue ampliamente rechazada.
Los anunciantes piden que vuelva la publicidad
