MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
Cepsa recurrirá la multa de 83,8 millones de euros euros impuesta hoy por la Comisión Europea por pactar en España los precios de productos relacionados con el asfalto, y considera que la decisión del Ejecutivo europeo es "injustificada y desproporcionada".
En un comunicado, la compañía recuerda que las prácticas sobre las que se pronuncia Bruselas se refieren a hechos con más de cinco años de antigüedad en los que participó su filial Proas y relacionados con actividades "restrictivas de la competencia en el negocio de asfaltos".
La asesoría jurídica de Cepsa analizará la decisión de Bruselas, pero la compañía anticipa que recurrirá la misma ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, ya que "no es responsable de las infracciones imputadas, y considera que la sanción es injustificada y desproporcionada".
Además, el grupo pone de manifiesto que, desde que conoció la incoación del expediente sancionador a Proas, se ha asegurado de que esta filial colabora plenamente con la Comisión Europea.
Junto a Cepsa, Repsol, Galp y la sueca Nynäs también han sido multadas por la constitución de un cártel para pactar precios, en el que también participó la británica BP, que al ser la primera empresa que denunció el caso a Bruselas ha logrado librarse de las multas.
Repsol YPF, que ha sido multada con 80,4 millones, logró, merced a su colaboración con Bruselas, una reducción de cerca del 50% en la infracción. El grupo presidido por Antonio Brufau estudiará si recurre la sanción en cuanto disponga del texto completo, indicaron a Europa Press fuentes de la petrolera.
Nynäs deberá pagar 10,6 millones y Galp otros 8,6 millones. A las compañías se las acusa de participar durante casi 12 años en un cártel para pactar los precios y repartirse el mercado del asfalto en España, lo que la normativa europea sobre competencia considera una sanción muy grave.
La decisión del Ejecutivo comunitario se refiere en concreto al betún de penetración, utilizado para la construcción de carreteras y no sujeto a transformación posterior. El valor del mercado español de este producto en 2001, el último año completo de la infracción, fue aproximadamente de 286 millones de euros.
