Madrid, 3 oct (EFECOM).- El asesor fiscal externo de Gescartera Julio Rodríguez Gil admitió hoy en la Audiencia Nacional haber firmado tres cheques sin fondos por valor de 3.949 millones de pesetas (23,73 millones de euros), aunque "nunca se imaginó" que fuesen utilizados para engañar a la inspección de la CNMV en 1999.
A preguntas del fiscal, que pide seis años de prisión para el acusado, Rodríguez Gil explicó que el dueño de Gescartera, Antonio Camacho, le encargó constituir una Sociedad de Inversión de Capital Variable (Sicav) en Luxemburgo, que agrupaba, presuntamente, los fondos de los clientes de Gescartera.
Esta explicación, según el fiscal, fue utilizada por los responsables de Gescartera para dar una explicación sobre el dinero de los inversores ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que debía pasar una inspección a finales del año 1999.
Tal y como relató hoy Rodríguez Gil, Antonio Camacho le pidió, como apoderado de la sociedad Hari 2000, que librase tres cheques por un montante de 1.689, 1.440 y 819 millones de pesetas, como garantía a otros tres que había firmado el dueño de Camacho por el mismo importe, pese a saber que en esta cuenta no había fondos y que era el principal imputado del caso quien debía llevar el dinero a esta sociedad para constituir la Sicav.
"Pero nunca me imaginé" que sirviesen para engañar a la CNMV junto a un certificado bancario de La Caixa sobre el ingreso de estos cheques contra una cuenta de Caixa Catalunya en Madrid, donde no había fondos, indicó Rodríguez Gil, quien, en contra de la acusación del fiscal, negó haber participado ni articulado una "red de testaferros" para acumular minusvalías con las que eludir el pago de impuesto.
Julio Rodríguez Gil, antiguo subinspector de Hacienda y economista, reconoció haber cobrado por la constitución de la Sicav, pero no por la firma de cheques, y haber intervenido en cinco inspecciones de Hacienda con clientes o sociedades ligadas a Gescartera (Promociones Andolini, Breston, Carlos Manzano, Patrocinio Díaz y Carlos Pascual Ortín Barrón).
Según el asesor tributario, todas las actas abiertas por Hacienda eran por "incremento no justificado de patrimonio" y, en concreto, la deuda tributaria de algunos clientes como Ortín Barrón llegaba a 167 millones de pesetas (1 millón de euros) pues "se habían producido unas pérdidas y no había suficiente patrimonio" para que llegar a esta situación.
Al igual que Ortín Barrón, Julio Rodríguez Gil rechazó tener que ver nada con dos listas de nombres o redes de testaferros que acaparaban minusvalías en operaciones en bolsa bajo el nombre "Agrupación Carlos Ortín Barrón" y "Agrupación Rodríguez Gil", pese a que el fiscal mantuvo que él suministró una lista de personas y una fotocopia de sus DNI, "que serían utilizados, a cambio de una retribución económica". EFECOM
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