MADRID (Reuters) - La industria del automóvil ha lanzado duras advertencias en contra de una nueva regulación para el sector introducida recientemente en una enmienda de la Ley de Economía Sostenible que establece condiciones que, según diversos observadores, podrían llevar a los fabricantes a replantearse inversiones en el país.
A las críticas vertidas la víspera por la asociación de importadores de vehículos, Anicam, se sumó el jueves el poderoso gremio de fabricantes, Anfac, que mostró su "indignación" por una medida "única en Europa" que puede generar "terribles repercusiones".
En cambio, la patronal de los vendedores, Faconauto, dijo el jueves que la nueva normativa viene a resolver la anterior situación jurídica de "indefensión" de los concesionarios en sus relaciones mercantiles con los proveedores.
"Éstos (los fabricantes) podían modificar unilateralmente los contratos de distribución y resolverlos sin compensación alguna por la clientela, por las inversiones no amortizadas y por los despidos de los trabajadores, debiendo quedarse además con los vehículos y recambios adquiridos", dijo Faconauto en una nota de prensa.
A última hora de la tarde, el Ministerio de Industria convocó una reunión con carácter de urgencia con las Comunidades Autónomas que cuentan con plantas de automoción, la patronal Anfac a celebrar la semana próxima.
También ha pedido una reunión lo antes posible con los interlocutores sociales para tratar de forma monográfica la situación del sector.
En una enmienda aprobada el martes en el Congreso con la oposición del gobernante Partido Socialista se establece una nueva relación contractual en la distribución de vehículos.
Entre otras cuestiones, los fabricantes se verán obligados a recomprar a los concesionarios los vehículos que no se comercialicen en un plazo de 60 días en las mismas condiciones acordadas en la venta.
Además, en el caso de extinción del contrato por vencimiento u otra causa, el fabricante o proveedor se verá obligado a adquirir al distribuidor todas las mercancías si se extingue el contrato, hacerse cargo de inversiones pendientes de amortizar, indemnizarle por clientes perdidos y asumir el coste de despido de los trabajadores.
La industria del Automovil (IAUTO.MC)y sus componentes representa en España alrededor del seis por ciento del PIB y el propio ministro de Industria, Miguel Sebastián, criticó la víspera duramente la enmienda a la que se opuso el Gobierno sugiriendo que puede tener efecto sobre las fábricas en España.
"Si yo no entiendo esta enmienda, imagínense un japonés, un alemán o un francés", dijo Sebastián. En España, tienen fábricas de producción Nissan, Seat, la filial de la alemana Volkswagen, y la francesa Renault, entre otras multinacionales.
"La normativa ha indignado a la industria del automóvil", dijo el jueves el presidente de la patronal de automóviles, Francisco Javier García Sanz.
"Es inaceptable que en un proceso de apenas 15 días se cambie totalmente una regulación tan importante haciéndole una excepción en la UE por interés puramente electoral".
Tras sugerir que recurrirán la norma, al afirmar que llevarán a cabo "todas las acciones en su mano para corregir la situación", se refirió a posibles pérdidas de inversión con carácter inmediato.
"Se han equivocado y tienen que rectificar", dijo en relación a los partidos que aprobaron la norma sin consultar con la industria. "De lo contrario, serán responsables de las pérdidas de inversiones en España y de empleo que esta normativa pueda producir".
Además, el representante de los fabricantes añadió que la nueva normativa "es tan grave que hace imposible que se firmen nuevos contratos".
"Hay que tener en cuenta que las marcas y, sobre todo, las casas matrices, que deciden sobre las inversiones en España, no entienden esta medida y vamos a ser muy críticos con ella", afirmó.
