Los cambios introducidos en la norma que regula la distribución en el sector del automóvil puede desatar una auténtica 'guerra' entre fabricantes y concesionarios de coches y "poner en peligro las inversiones comprometidas en las plantas españolas". Así lo ha advertido el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Francisco Javier García Sanz, al asegurar que la nueva norma que regula las relaciones entre marcas y concesionarios amenaza también futuras inversiones, así como los puestos de trabajo de miles de familias.
El pasado martes, el Congreso tramitó como una enmienda a la Ley de Economía Sostenible, una norma que obliga a los productores a recomprar a los concesionarios, en un plazo máximo de 60 días, los coches que éstos no consiguen vender, en las mismas condiciones acordadas en la primera venta.
"Las marcas y, sobre todo, las casas matrices, no entienden esta medida, que pone en grave riesgo las inversiones ya asignadas y las posibles futuras en la industria del automóvil en España", ha manifestado Anfac en una rueda de prensa celebrada este jueves.
García Sanz ha indicado que, ante la actuación de PP y CiU, que apoyaron la nueva norma, la patronal de los fabricantes ha solicitado una reunión urgente con el presidente del PP, Mariano Rajoy, y con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. "Nos sentimos traicionados", ha denunciado. La enmienda fue impulsada por el BNG, y contó también con el apoyo del PNV y CC y con los votos contrarios del PSOE.
La norma es "única en la UE y es, por lo tanto, excepcional e injustificada, y penaliza a un único sector de la economía, el del automóvil", ha argumentado Anfac.
La nueva norma, también obligará a los fabricantes a pagar a los concesionarios las inversiones pendientes de amortización si vence o exitingue el contrato de concesión. "Esta nueva situación nos obliga a reconsiderar algunas acciones ya aprobadas en el sentido de la inversión, ha indicado el presidente de Anfac, que ha subrayado la indignación de la industria ante la aprobación de una norma "injustificada e inoportuna, que genera inseguridad".
"Se trata de una intromisión política inaceptable, la industria ha perdido la confianza en la oposición, que se está equivocando y tiene que rectificar", ha advertido.
La mitad de los concesionarios, en peligro
La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) calcula que la aplicación de la nueva norma podría provocar una reducción de más de la mitad de las redes oficiales de concesionarios.
Considera que "no tiene sentido mantener una red de concesionarios en la que se negocia de manera bilateral como en la actualidad, sino que se crearía una red vertical", propiedad de las marcas.
Así, la patronal advierte de que se produciría una desaparición paulatina e incluso drástica de concesionarios y, consiguientemente, una pérdida de empleo en el sector de la distribución, que cuenta actualmente con una plantilla de entre 125.000 y 150.000 personas.
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