BRUSELAS, 25 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea ha decidido abrir una investigación formal sobre las ayudas de Estado que Rumanía ha concedido a la empresa de fabricación de tractores Tractorul, en el marco de la privatización de la compañía y de su venta a Flavus Investments SRL, en julio de 2007. También ha pedido a las autoridades rumanas suspender la concesión de cualquier ayuda ilegal hasta que Bruselas se haya pronunciado sobre la compatibilidad de las mismas.
Las autoridades rumanas habían puesto determinadas condiciones para la privatización, en concreto mantener la actividad durante diez años y reincorporar a los antiguos empleados de Tractorul. La Comisión debe ahora verificar si estas condiciones han provocado un precio de venta inferior al que habría tenido si la privatización no hubiera estado sometida a estas condiciones, caso en el que se estaría hablando de ayudas de Estado. La apertura de una investigación permite a las partes hacer sus observaciones sobre las medidas que está examinando la Comisión y no prejuzga el resultado de la misma.
Tractorul es un fabricante de tractores y de material agrícola establecido en Brasov, Rumanía, que a la vista de sus grandes pérdidas y una elevada deuda decidió liquidar la empresa de manera voluntaria y contó para ello con el visto bueno de la agencia rumana de privatización, AVAS. Actualmente, la producción está paralizada y durante la liquidación se definió la actividad que sería viable y se vendió mediante oferta pública en julio de este año, oferta que ganó Flavus Investments SRL.
AVAS impuso determinadas condiciones en el contrato de privatización, como que el comprador tenía que mantener la actividad durante diez años o dar prioridad para la reincorporación a los antiguos empleados de Tractorul. La Comisión piensa que tal y como se ha hecho la privatización, el precio de venta ha sido inferior al que habría tenido si no hubiera estado sometida a condiciones y, por lo tanto, que se trata de una ayuda de Estado.
Las condiciones ligadas a la oferta pública pretenden mantener un cierto nivel de actividad económica y la ayuda por lo tanto serviría para financiarla. Además, si el precio de venta ha sido inferior al del mercado, dado que las condiciones puestas a la privatización limitan el número de compradores potenciales, el comprador también ha logrado ventajas. En los dos casos, éstas habrían sido el resultado de la venta a la que el Estado renunció, según señala el Ejecutivo comunitario.
