David S. Paunero
Madrid, 24 sep (EFECOM).- En la tercera sesión del juicio oral por el caso Gescartera, el principal imputado por este escándalo financiero, Antonio Camacho, se mostró inexpugnable a las preguntas sobre el presunto desvío de doce millones de euros y usó sus conocimientos de bolsa para evadir el marcaje del fiscal.
Con semblante serio, traje oscuro y un papel con unas mínimas notas, Camacho compareció, durante más de cinco horas, ante el tribunal de la Audiencia Nacional sin reconocer ni una de las acusaciones que pesan sobre él por apropiación indebida y estafa, pero apuntando a su alrededor a otros imputados e incluso instituciones como la CNMV.
En un primer momento, ante las preguntas del fiscal Vicente González-Mota, con quien tuvo varios enfrentamientos durante el interrogatorio, se dedicó a trasladar la responsabilidad del "día a día" de la agencia de valores al departamento de administración de gestión, que dependía de la presidenta Pilar Giménez Reyna y los consejeros Francisco Javier Sierra de la Flor y José María Ruiz de la Serna.
Incluso el fiscal llegó a preguntarle hasta en cinco ocasiones por el destino de los fondos de los clientes, pregunta que Antonio Camacho esquivó con una explicación técnica sobre "gestión de patrimonios" y "préstamos", casi "en chino" para algunos afectados presentes en la sala, que no sabían realmente si el que consideran protagonista de sus males no quería aclarar la operativa o ser poco claro.
En ese momento, ante la perplejidad de las acusaciones particulares, empezaron a aparecer términos como las cuentas "omnibus", las "operaciones cruzadas", los "clientes cero", o los "clientes maestro", a los que se ofrecía rentabilidades por encima del once por ciento.
Posteriormente, para fundamentar su defensa, aseguró que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sabía todo lo que pasaba en la sociedad, desde 1992, y los problemas con las pérdidas de los clientes, desde 1994, aunque no pudo explicar de dónde sacaba el margen de beneficio la agencia de valores, que había de buscar negocio a través de las "comisiones de corretaje" a sus clientes.
Para afrontar las pérdidas surgió la necesidad de financiación que, según Camacho, obligó a la agencia de valores a "captar" clientes privilegiados -con aportaciones de hasta 400 millones de pesetas-, a los que, posteriormente, se devolvía este dinero de una forma singular: a través de una veintena de cheques por valores inferiores a los 490.000 pesetas, ya que no debía ser notificados a Hacienda.
El momento más duro para los afectados presentes en el juicio oral llegó cuando, para explicar su defensa, Camacho, que tenía un sueldo mensual de 800.000 pesetas (4.800 euros), detalló que asumió "personalmente" las pérdidas por errores del departamento de gestión.
Así, en 2001, poco antes de la intervención, la agencia de valores ya le debía 150 millones de pesetas (900.000 euros) a él, después de haber registrado aportaciones con su familia y sus sociedades por más de 3.165 millones de pesetas (19,02 millones de euros).
Extremo poco convincente, sin embargo, para las acusaciones, que siguen sin saber nada del paradero de parte del dinero de los inversores de Gescartera en cuentas del extranjero, las comisiones millonarias que se recibían por captar clientes, los 700 millones de pesetas (4,2 millones de euros) gastados en poco menos de tres años por Antonio Camacho o el papel de la sociedad instrumental Martin Investments, creada para reflotar la agencia de valores poco antes de que fuese intervenida. EFECOM
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