Roquetas de Mar (Almería), 24 sep (EFECOM).- El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, reiteró hoy el compromiso y la voluntad política tanto del Gobierno como de la administración autonómica para demoler el hotel construido en El Algarrobico, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería).
Después de que la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento andaluz aprobara el pasado miércoles por unanimidad una proposición no de ley de IULV-CA que instó a la aceleración de la demolición del complejo hotelero, Chaves puntualizó hoy a los periodistas, en relación a los plazos para hacer efectiva esta medida, que "las cosas no se pueden hacer cuando uno quiere".
"Estamos en un Estado de derecho, y por lo tanto hay derechos y deberes que siempre están en juego", afirmó Chaves, quien recordó que en estos momentos el Ministerio de Medio Ambiente se encuentra en periodo de negociaciones con la promotora del hotel, Azata, sobre el justiprecio de la expropiación de los terrenos.
A pesar de la imposibilidad de apuntar un plazo concreto para el derrumbe y posterior regeneración de esta playa del parque natural, Chaves trasladó el "compromiso" y la "voluntad política" del Gobierno y de la Junta en este proceso de demolición que se acometerá "más tarde o más temprano".
"Eso está absolutamente claro y todos deben tener la seguridad, y eso lo sabe Izquierda Unida, de que El Algarrobico no será nunca un hotel", subrayó el presidente andaluz.
En respuesta a los periodistas Chaves también se refirió a la última memoria de la Fiscalía del Estado, en la que el ministerio público alerta sobre la proliferación de irregularidades urbanísticas en el litoral andaluz.
Afirmó que los datos no cogen por sorpresa al Gobierno andaluz que, desde hace años, "viene denunciando" esta situación y que se ha provisto de uno de los cuerpos legales "más avanzados" de España y de Europa para "hacer posible en Andalucía un desarrollo urbanístico sostenible".
Tras señalar que la nueva normativa "garantiza" que, en adelante, "no existirá" en Andalucía ningún PGOU que no responda al criterio de desarrollo sostenible, Chaves quiso precisar que la fiscalía habla de trescientas denuncias y no de trescientas sentencias, algo que "hay que distinguir, sin reducir por ello la gravedad del problema". EFECOM
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