Bruselas, 21 sep (EFECOM).- El Tribunal de Justicia de la UE decidirá el próximo 23 de octubre sobre la validez de la llamada "ley Volkswagen", que permite a las autoridades alemanas controlar la toma de decisiones en el primer grupo automovilístico europeo, anunció hoy un comunicado.
La decisión de los jueces de Luxemburgo tiene que dilucidar si esa ley puede tener consecuencias importantes en cómo las autoridades de los países comunitarios intentan proteger a sus empresas frente a intentos hostiles de toma de control.
La Comisión Europea llevó el caso al tribunal en mayo de 2005, al considerar que esta ley constituye una infracción al libre movimiento de capitales y la libertad de establecimiento.
La CE, en concreto, se opone al derecho que tienen el Gobierno federal y el Land de Baja-Sajonia, siempre que sean titulares de al menos una acción, a nombrar dos miembros cada uno del Consejo de Vigilancia de Volkswagen.
Bruselas también critica la limitación del derecho de voto a un máximo del 20 por ciento del capital social aunque un accionista supere ese porcentaje y la necesidad de contar con más del 80 por ciento del capital para sacar adelante alguna decisión.
En la práctica, estos límites permiten a un solo gran accionista vetar la adopción de decisiones.
El abogado general del tribunal emitió su opinión en febrero pasado, en la que concluyó que esta ley restringe la libre circulación de capitales en la UE.
El jurista, el español Dámaso Ruiz-Jarabo, consideró entonces que la "ley Volkswagen" fortalece la posición del Gobierno federal y de Baja Sajonia en la compañía, impidiendo cualquier interferencia por parte de otros accionistas en la gestión de la misma.
El hecho de que el Gobierno federal haya vendido todas sus acciones y, por tanto, no ejerza su derecho de nombramiento resulta, en opinión de Ruiz-Jarabo, "irrelevante", pues basta con que el ordenamiento jurídico alemán consagre su derecho a nombrar mandatarios y su prerrogativa de intervenir cuando lo estimen oportuno.
La opinión del abogado general no es vinculante para los jueces, aunque éstos suelen respetarla en sus sentencias. EFECOM
rcf/prb
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