Las arcas públicas se ahorrarían cerca de 3.000 millones de euros si no se incurriera en prácticas anticompetitivas en la licitación y adjudicación de los contratos públicos, según revela un informe difundido por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).
Según el presidente de la CNC, Luis Berenguer "se observa que en ciertos contratos públicos, sobre todo en la mayoría de las comunidades autónomas, existe una cierta tendencia a adjudicar contratos a empresas de la misma región". Así lo ha explicado durante la presentación de la 'Guía sobre contratación pública y competencia'.
En ella, se dan recomendaciones para el desarrollo de procedimientos de contratación en los que ni en su diseño, ni en su desarrollo, ni posterior ejecución del contrato se introduzcan restricciones injustificadas de la competencia.
Anualmente las tres administraciones públicas (estatal, autonómica y local) licitan contratos por valor de 150.000 millones de euros. Las prácticas colusorias entre licitadores pueden suponer que los precios de los bienes y servicios contratados se encarezcan en más de un 20%, según las estimaciones de la CNC.
Prácticas deficientes
En lo que afecta a las licitaciones se dan casos en los que las entidades favorecen a empresas ubicadas en su territorio, en los que se fijan condiciones desproporcionadas que hacen desistir a los concurrentes o en los que hay una inadecuada valoración de los requisitos solicitados.
Además, también existe el pacto (denominado colusión) entre empresas para fijar el precio o cualquier otra condición comercial que, según Berenguer, es una de las acciones "graves" contra la competencia.
Al respecto, en la guía se explica que las administraciones pueden detectar la colusión si ven que en sus licitaciones se presentan siempre algunas empresas a pesar de que nunca resultan ganadoras, algo que para la CNC puede suponer que reciben algún tipo de compensación por parte de la que gana.
Otra forma de descubrir el pacto es que la ganadora suele ser siempre la que presenta la mejor oferta, algo que se obedece, según la Comisión Nacional de la Competencia, a que ha habido un reparto previo del mercado.
Asimismo, las concursantes parecen turnarse a lo largo del tiempo en la presentación de la oferta ganadora, tienen estimaciones de costes idénticos o poco realistas o contienen errores de cálculo o fallos ortográficos que se repiten en varias propuestas.
La guía recomienda a los funcionarios de las administraciones públicas poner las posibles sospechas de colusión en conocimiento de la CNC, considerar la conveniencia de suspender la licitación y contribuir a la posterior investigación guardando la documentación, registrando posibles conductas relevantes y guardando la confidencialidad del proceso.
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