MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, anunció hoy que el departamento que dirige propondrá la adopción de medidas cautelares, tras la presentación de alegaciones de la Mutua Universal ante la querella que la Fiscalía presentó contra el gerente de la sociedad, Juan Aircart, y otras cuatro personas vinculadas a la entidad por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, otro de falsedad de un documento oficial y mercantil y otro de apropiación indebida o societaria.
En la Comisión de Trabajo y Seguridad Social celebrada hoy en el Congreso de los Diputados, Granado señaló que estas medidas incluyen la suspensión cautelar de la actividad de las personas implicadas en el procedimiento, e incluso la orden de interrupción de las relaciones que la Mutua mantiene con empresas vinculadas que le facturaban prestaciones de bienes y servicios a precios superiores a los medios del mercado.
Según Granado, existen "dudas razonables" sobre la prestación real de los servicios a la Mutua Universal por parte de estas empresas, que incluso se presentan como filiales y que, en ocasiones, actuaban como intermediarias entre la Mutua y los verdaderos proveedores, encareciendo artificialmente el precio.
El secretario de Estado de Seguridad Social, que indicó que ya es una irregularidad por sí misma el hecho de que una mutua reconozca que mantiene relaciones mercantiles con otras empresas, señaló que dichas empresas prestaban servicios a otras que no están en el ámbito de la mutualización, lo que calificó como una "grave infracción del ordenamiento".
Además, aseguró que las empresas vinculadas prestaban servicios que no pueden prestarse en el ámbito de las contingencias de la enfermedad profesional o la enfermedad común, como servicios de averiguación de determinadas cuestiones sobre las personas que están de baja.
Según el secretario de Estado de la Seguridad Social estas actividades llevaron al departamento que dirige a investigar estas informaciones, que después puso en conocimiento del Ministerio Fiscal y el Tribunal de Cuentas, que actualmente siguen investigando el caso desde que a primeros de agosto se registrara la sede de Mutua Universal en Barcelona.
Por su parte la Secretaría general de Seguridad Social esperaba las alegaciones de la Mutua Universal antes adoptar cualquier tipo de medidas.
SEGURIDAD PARA TRABAJADORES Y CONTROL PARA LAS MUTUAS.
Granado apostó por establecer estas medidas cautelares para garantizar el funcionamiento de la entidad procurando que la apertura del procedimiento penal tenga la menor repercusión posible en los trabajadores y las empresas asociadas, que, a su juicio, en ningún momento han estado "expuestas al peligro".
Según Granado, ni los trabajadores ni el sector en general pueden verse afectados por un caso concreto de presunta malversación de fondos, que no implica que exista fraude generalizado en el sector mutualista en España.
Granado, insistió también en la importancia de "extremar" las medidas de control en el futuro para asegurar la transparencia de las mutuas y evitar el fraude, aunque puso de manifiesto que a lo largo de la legislatura el Gobierno ha incrementado de "manera notable" el seguimiento de estos organismos, con controles mucho más exhaustivos, que ayudan a determinarán antes las posibles situaciones irregulares.
LOS PARTIDOS LLAMAN A LA TRANQUILIDAD.
Tras la intervención de Granado en la Comisión, IU-ICV coincidió con el secretario de Estado de Seguridad Social en la necesidad de intensificar estas medidas de control para garantizar la seguridad de trabajadores y empresas, así como de la población en general, ya que recordó que se trata de un problema de "gestión de recursos públicos".
Por su parte, los diputados del Grupo Mixto, CiU, y PP presentes en la Comisión de Trabajo llamaron a la tranquilidad y a la cautela a la espera de la resolución del caso, y pidieron que no se ponga "en tela de juicio a todo el sector mutualista".
Finalmente, el Grupo Socialista apostó por lanzar mensajes de tranquilidad a los trabajadores de la Mutua, indicó que en la próxima legislatura sería necesario revisar todo el sistema de control de estos organismos para mejorar el control y el rigor de los mismos.
