El fiscal Vicente González Mota ha rechazado la imputación de varios altos cargos de la CNMV y del Gobierno en 2001 por "delitos de estafa o de fraude", tal y como pedían ante la Audiencia Nacional casi la mitad de las acusaciones populares y particulares personadas en el caso Gescartera.
En la segunda sesión del juicio oral por este escándalo financiero, que afecta a más de 4.000 inversores con un agujero patrimonial de 50 millones de euros, el Ministerio Público ha decidido que no se anulará la apertura del juicio oral decidida hace dos años por la juez de instrucción Teresa Palacios.
El fiscal González Mota recordó que acusó a 14 personas, con Antonio Camacho a la cabeza, y que la juez Palacios exculpó ya a otras 39 contra las que las acusaciones habían presentado cargos. Entre ellas figura la ex presidenta de la CNMV Pilar Valiente y el ex presidente del organismo regulador Luis Ramallo, a quienes no se imputó porque ni siquiera se les llegó a tomar declaración.
El Estado no tiene responsabilidad civil
La Fiscalía también se ha opuesto a la pretensión de las acusaciones que buscan la responsabilidad civil del Estado, y, en concreto, rechazó la imputación para el ex secretario de Hacienda, Enrique Giménez Reyna, así como a los representantes de entidades financieras como el HSBC, Bankinter y Deutsche Bank, a pesar de que estuvieron imputados durante la instrucción.
Pilar Valiente dimitió de su cargo al frente de la CNMV a raíz del caso Gescartera, entidad que precisamente fue intervenida mientras ella era presidenta del organismo supervisor. Por su parte, Enrique Giménez-Reyna, hermano de la presidenta de Gescartera, también tuvo que abandonar su cargo a raíz del escándalo de la agencia de valores, después de que un diario de su hermana dejara entrever que podría haber mediado a favor de la entidad ante la CNMV.
El fiscal también explicó que ya existía una auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que se indicaba que, "de encontrarse alguna responsabilidad -en la CNMV-, no es por delitos de estafa o por delito de fraude".
Respecto a otros cargos imputados de bancos y del Gobierno, a juicio del ministerio público "no basta con tener relación con Gescartera" y, por ello, "no existe base que permita la apertura de juicio oral" contra ellos.
Caja Madrid
En cuanto a la responsabilidad civil subsidiaria de Caja Madrid, el fiscal aclaró que no se actúa contra la entidad por su solvencia o porque no se haya podido probar la responsabilidad civil del Estado, sino porque infringió la ley con sus contratos de subcustodia de valores, ya que no se notificó a los clientes de Gescartera que tenían cuentas en Caja Madrid Bolsa.
También criticó que la representación de La Caixa, para la que pide responsabilidad civil subsidiaria, haya aducido que no tuvo acceso a documentos del sumario, al igual que los abogados defensores de dos antiguos empleados de la entidad financiera, imputados en el proceso.
Por otro lado, tanto el fiscal como el Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain), que ha abonado más de 26 millones a los clientes de Gescartera en indemnizaciones, se opusieron a las peticiones nuevas de prueba porque podrían producir dilaciones para la resolución del juicio.
Además, recordaron que en el sumario de más de 50.000 folios existen ya varios expedientes de la CNMV, reportes sobre movimientos económicos realizados por la Agencia Tributaria y datos suficientes para mantener que, desde 1993, un año después de la fundación de Gescartera, "no contaba con el personal y los medios para mantener esta actividad".
¿Dónde está el paraíso de Camacho?
